La secuencia que a partir de ahora debe seguir este proceso pasa por una argumentación de sus respectivas posturas tanto por parte de la dirección como desde el comité que representa a los trabajadores. En ello están los asesores jurídicos sindicales. No obstante, y al margen del ámbito estrictamente laboral, Lantero debe presentar sus razones también ante el Concello de Vilagarcía, con el que firmó en el 2004 el convenio urbanístico que facilitó su traslado a O Pousadoiro.
La existencia de este documento, que incluye un compromiso de mantenimiento del empleo durante quince años por parte de la empresa, es uno de los argumentos a los que apela la plantilla para frenar los recortes anunciados en forma de despidos.
El texto refleja una plantilla de 135 operarios, que la dirección se compromete a incrementar en ocho personas, la mitad de ellas a través de contratos indefinidos. Este plantel debería conservarse, además, durante quince años. No obstante, se incorporaron al convenio dos salvedades, a las que el grupo cartonero recurre ahora. Si las circunstancias económicas de la empresa, de la tecnología o el mercado lo hacían inviable, este compromiso sobre el empleo quedaría anulado. Lo mismo sucedería en caso de la consecución de un acuerdo diferente con el comité.
La conclusión es inmediata: si Lantero Galicia quiere obviar el documento, tendrá que justificar las pérdidas y la situación económica que enarbola a la hora de aplicar su plan de ajustes. La recalificación urbanística del espacio que anteriormente ocupaba en Rosalía de Castro depende, de cualquier forma, de la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal, cuya tramitación ha frenado el bipartito conservador que gobierna Vilagarcía.
La recalificación depende de una revisión del PXOM que hoy está frenada