Admitido a trámite el contencioso contra el área de Megasa

s. gonzález vilagarcía / la voz

AROUSA

30 sep 2014 . Actualizado a las 04:58 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que Zona Aberta interpuso en julio contra el estudio de detalle de la antigua finca de Megasa. Así lo confirmó ayer la presidenta de la asociación que da voz a los comerciantes de Vilagarcía, Rocío Louzán, quien subraya que esta decisión supone la paralización cautelar de la tramitación del expediente.

La reordenación de volúmenes, en la que los comerciantes ven el germen de la creación de una gran superficie comercial -el plano que obra en el Concello registra la creación de una zona de aparcamiento y una gran nave central, a modo de supermercado, con espacio para una línea secundaria de tiendas-, fue aprobada definitivamente por el pleno de la corporación el 31 de marzo.

La iniciativa prosperó con los votos del Partido Popular e Independientes por Vilagarcía, que suman los once concejales requeridos por la mayoría absoluta, mientras la oposición, compuesta por PSOE, BNG y Esquerda Unida, mostraba su rotundo rechazo. Desde el principio, la asociación de comerciantes denuncia que el acuerdo plenario «no es más que una cobertura para la instalación de esa gran área comercial», tal y como Rocío Louzán manifestó en el momento en que anunció la presentación del recurso.

El paso siguiente, dentro del proceso judicial, será la presentación de documentación y argumentos por ambas partes. Esto es, tanto por los responsables municipales, contra cuya decisión, al fin y al cabo, se dirige el contencioso, como por Zona Aberta. Tampoco descarta el colectivo la convocatoria de movilizaciones para mostrar su rechazo a un modelo de ciudad basado en las grandes superficies, en lugar de bascular sobre el comercio de proximidad. Los sindicatos, las formaciones políticas de izquierda y las organizaciones empresariales, comenzando por la Cámara, secundan su postura.

Zona Aberta subraya que esta medida paraliza la tramitación urbanística