A cada uno de los 59 ayuntamientos beneficiarios de este plan se le concederá una aportación mínima de cien mil euros y el resto del presupuesto se distribuirá en función de criterios de población y territorio. Los ayuntamientos podrán presentar obras por un importe igual o superior a los 20.000 euros, y así hasta completar la cuantía asignada a cada uno de ellos. Deberán estar relacionados con los servicios obligatorios que deben prestar las entidades locales y «en ningún caso», puntualizaron desde la Diputación, se financiarán obras que no resulten básicas.
«Hai que garantir que se atenden os servizos e infraestruturas necesarias», dijo el presidente de la institución, Rafael Louzán, que incidió en que las obras «secundarias» deberán esperar «mellor momento». Se espera, según los cálculos de la Diputación, que estos 15 millones de euros permitirán la creación y mantenimiento de mil puestos de trabajo, así como dar carga a empresas del sector de la construcción, especialmente castigado por la crisis. En toda la provincia saldrán a concurso unos trescientos proyectos, según los mismos cálculos.
Aunque se permitirá que los ayuntamientos destinen hasta un 30 % de la cantidad concedida a la amortización de deuda, pago a acreedores o gastos corrientes, como agua, electricidad o recogida de residuos, con el objetivo de ayudarles a mantener el equilibrio financiero, Louzán se mostró confiado en que su uso sea reducido.