Las denuncias sindicales se acumulaban desde hace tiempo, pero el escándalo del grupo Esabe, propietario de Sequor, no saltó en toda su dimensión a la luz pública hasta que la Policía Nacional detuvo a diez de sus directivos en diciembre. La nómina de delitos que se les atribuyen oscilan entre el alzamiento de bienes y la falsedad documental, pasando por insolvencia punible y delitos contra la Seguridad Social. Fuentes de la investigación, que desarrolla el Juzgado de Instrucción Número 37 de Madrid, indican que tras esta compañía puede encontrarse un entramado diseñado para burlar la ley, reventar los precios del sector ejerciendo competencia desleal y obtener, así, beneficios claramente ilícitos.
Yates, Ferraris y registros
Quien no pudo ser detenido es el propietario de Esabe, Juan José Prados, que se encuentra en paradero desconocido. La operación de diciembre incluyó también ocho registros, la mayoría de ellos en Madrid, donde el grupo había establecido su sede central. Sus gustos, según la información recopilada, están a la altura de la gravedad de las acusaciones que penden sobre él. Cinco yates a nombre de una empresa y varios ferraris vendidos dan fe de ello.
Los contratos de Esabe con distintas Administraciones se remontan diez años en el tiempo. Y, pese a que las denuncias se han ido sucediendo, su capacidad para ganar concursos públicos parece haber permanecido prácticamente intacta hasta ahora. De acuerdo con los datos de la CIG, en octubre las cuentas de Sequor en Pontevedra fueron embargadas. A esas alturas, la deuda del grupo en toda España ascendería ya a 30 millones de euros con la Seguridad Social, al margen de las nóminas impagadas a sus propios trabajadores, que podrían alcanzar los 50 millones.