Puede parecer sencillo, pero el manejo de documentación, mucho más si se trata de tramitaciones efectuadas por una institución pública, dista mucho de serlo. Para empezar, la Ley de Protección de Datos exige a los encargados de custodiar este tipo de información un documento de seguridad, incluso en su nivel más básico, que debe ser actualizado periódicamente. Mientras el concejal responsable del área no lo aclare, se desconoce si el material del que Cultura se va a desprender se rige por un protocolo de este tipo, como establece la normativa en vigor.
Fuentes de la Agencia Española de Protección de Datos explican que dilucidar si la práctica emprendida por el Concello de Vilagarcía infringe la ley y es merecedora de sanción exigiría un estudio pormenorizado de las circunstancias en las que se está llevando a cabo el proceso. Lo que sí está claro, concluye el organismo estatal, es que los custodios de la documentación no pueden deshacerse de ella de cualquier forma. Muy al contrario, es necesario garantizar que los datos en cuestión no queden expuestos y al alcance de quien no debería conocerlos, argumenta la agencia. Existen, también, protocolos para destruir la información.