Turismo avanza que 300 loureiros pidieron su regulación en la provincia y calcula que hay otros 300 ilegales
28 jun 2012 . Actualizado a las 06:57 h.Representantes de la Xunta y de las asociaciones de hostelería de la provincia de Pontevedra se reunieron ayer en Vigo para abordar la problemática en torno a los furanchos. A ese encuentro asistió, por supuesto, la asociación de hosteleros de Vilagarcía, Ahituvi, que arrancó de la Xunta, concretamente de la jefa del servicio provincial de Turismo, el compromiso de que las inspecciones que se están realizando en otros lugares se extenderán a O Salnés en las próximas semanas.
En la reunión se puso también de manifiesto la dificultad que los departamentos encargados de la inspección encuentran para sancionar a estos establecimientos, y se analizaron las posibles soluciones para poner fin a esta situación. Así, los responsables de Traballo y de la Agencia Tributaria se comprometieron con los hosteleros a inspeccionar los furanchos que están siendo denunciados por parte de Turismo. Fue la jefa de este departamento en Pontevedra la que puso números a esta situación. Según explicó a los hosteleros, existen en la provincia 300 loureiros que presentaron solicitud para su legalización, mientras que al menos otros 300 permanecen sin regularizar.
A pesar de los compromisos alcanzados en la reunión de ayer, los hosteleros no dejan de sentir cierta frustración, decía ayer Ahituvi, ante las diferencias impositivas, normativas y sancionadoras que existen entre un establecimiento de hostelería y un furancho. El sector hostelero advierte, de hecho, de que si no se toman medidas de vigilancia efectivas y no se empieza a considerar a los furanchos como una actividad económica, lo que se está incentivando es la conversión de los establecimientos de hostelería en loureiros.
Entre las propuestas que presentó el sector figuran algunas como la necesidad de implicar a los Concellos para el buen funcionamiento de los servicios de inspección y la consideración de la actividad de los furanchos como una actividad económica para así facilitar los servicios de inspección. También entienden que es necesario no permitir a los loureiros prestar servicios propios de una actividad de hostelería, como la venta de tapas. Y, por último, acotar los excedentes de producción de vino.