El Concello de Vilanova es propietario de 350 metros cuadrados de los terrenos que ocupa el restaurante La Sirena (hoy cerrado) en As Sinas. Lo dice una sentencia judicial del año 1998, cuya ejecución sigue pendiente pese al tiempo transcurrido desde entonces. El Concello dispone de autorización judicial para ocupar lo que es suyo y, de hecho, en julio del 2010 ya formalizó la toma de posesión de la propiedad, pero la demolición se está demorando porque, según explicó el alcalde Gonzalo Durán, están a la espera de instrucciones del juzgado.

De las palabras del regidor se deduce que el quid de la cuestión estaba en cómo se iban a sufragar los gastos del derribo del inmueble pero, según afirman desde la comunidad de bienes Alfonso Leiro -familia propietaria del negocio hasta hace dos años-, el Concello ya tiene a su disposición 30.568,79 euros que entregaron en el juzgado para este fin.

En abril de 2011 depositaron esta cantidad y un mes después se expidió el mandamiento judicial para que el Concello de Vilanova la retirara. ¿Por qué no se usado pues este dinero para los fines estipulados?, se pregunta la familia Alfonso Leiro.

«Para eso pagamos»

Una vez que han tenido que pagar por este concepto -en su día solicitaron al juzgado ejecutar por cuenta propia el derribo alegando que les salía más barato, pero no se le autorizó, - la familia Alfonso es la más interesada en que se tire, hasta el punto de que ya anuncia que van a solicitar formalmente su ejecución inmediata: «para eso pagamos».

Respecto al uso que el Concello va a hacer de estos 350 metros ganados para el patrimonio municipal es todavía una incógnita, aunque la calificación urbanística de los mismos no permite ir más allá que dedicarlo a zona verde, ya que en este lugar de As Sinas no está permitido construir.

Según consta en el acta de posesión del terreno, los 350 metros municipales corresponden al «cuerpo general del edificio» dejando fuera la terraza del restaurante que mira a la playa, y que actualmente sigue explotando la familia Alfonso Leiro, entre otros espacios aledaños. En consecuencia, el derribo debe hacerse de tal forma que se respeten las estructuras que están actualmente levantadas.

Finalmente, en virtud del informe pericial - «perito que pagó el Concello con 6.000 euros de todos», puntualiza la comunidad de propietarios-, al Concello se le asignaron 402 metros cuadrados, 52 más de los establecidos por la sentencia, por los cuales la familia Alfonso va a reclamar 37.177 euros en caso de ser ocupados en su totalidad. El antiguo restaurante ha sido vaciado por dentro y, según informan los ex propietarios, presenta un estado ruinoso que podría derivar en alguna situación de peligro.