Dereitos Civís pide que sancionen al Concello de Viveiro por las videocámaras

M. G. B. VIVEIRO / LA VOZ

VIVEIRO

Las cámaras, exteriores e interiores, fueron desactivadas temporalmente tras la denuncia.
Las cámaras, exteriores e interiores, fueron desactivadas temporalmente tras la denuncia. x. f. ramallal

El gobierno local envió documentación a Madrid, a la Agencia Española de Protección de Datos

26 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

Las cámaras exteriores e interiores instaladas desde el 2008 en el edificio del Concello de Viveiro siguen en el punto de mira de Dereitos Civís. Esta organización denunció en el 2015 ante la Agencia Española de protección de Datos y de la Delegación del Gobierno que las cámaras de vigilancia vulneraban la Ley 4/1997 y 5/2014 , que regulan la utilización de videocámaras por fuerzas y cuerpos de seguridad en espacios públicos y los servicios de seguridad privada. Incluso recurrieron al Valedor do Pobo.

La Delegación del Gobierno en Galicia confirmó que la denuncia presentada por la organización se trasladó a la jefatura Superior de la Policía, «que valorará si infringe o no la Le y si se toman medidas».

En este sentido Dereitos Civís asegura que «a Xefatura Superior de Policía de Galicia confirmou que o Concello de Viveiro estaba a utilizar as cámaras sen contar coa preceptiva autorización». Y así, califica de «preocupante» que ninguno de los dos organismo «teñan comprobado, mediante a inspección correspondente, que as cámaras instaladas no Concello de Viveiro estaban a funcionar sen autorización gobernativa». Y aluden a las «reiteradas» denuncias remitidas al Valedor do Pobo al que han instado de nuevo «para que recomende á Delegación do Goberno a apertura de expedientes sancionadores».

Esta organización cuestionan las explicaciones dadas hasta ahora por el gobierno local de Viveiro, que califican de contradictorias. Aluden al escrito de la Policía Local de agosto del 2015 que «recoñecía» que las cámaras se instalaron en el 2008 para «vixianza e seguridade» de la sede del Concello, y que desconocía «se no seu momento se solicitaron os permisos obrigatorios», o si las cámaras graban de forma continua o solo en determinadas horas. Dereitos Civís señala que las explicaciones reflejan «un absoluto descontrol do Concello en relación coas cámaras, chocan coas declaracións ofrecidas pola alcaldesa viveirense que se amosaba sorprendida pola denuncia que provocou a desactivación temporal das cámaras diantes das dúbidas sobre a súa legalidade».

Dereitos Civís alude de nuevo al proyecto planteado por la asociación Centro Comercial Histórico de instalar cámaras en este espacio urbano, y que se desechó de momento por «a forte oposición veciñal». Un proyecto que Dereitos Civís calificó de «incomprensíbel».

Desde el gobierno local, la alcaldesa maría Loureiro se limitó a señalar que ayer mismo «se remitió documentación a la Agencia Española de Protección de Datos, en Madrid». Y avanzó también que estos días una empresa visitará Viveiro para adaptar todos los sistemas del Concello a la normativa de protección de datos.