Desestimado el recurso presentado contra la legalización del edificio
28 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.Los vecinos de Lodeiro han ganado la última batalla contra la demolición de las viviendas que estaban afectadas por una sentencia de demolición.
En un auto dictado el 19 de este mes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acordó desestimar la solicitud de nulidad presentada por el representante legal de Francisco José Santiago García contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Viveiro de 6 de abril de 2011 por el cual se concedía a la empresa Mareber S.L. la licencia urbanística solicitada para legalizar el inmueble situado en Rúa Lodeiro 14 y 16 y Río dos Foles 15 y 17. El representante del particular argumentó que dicho acuerdo de legalización tenía como objeto impedir la orden de demolición que recogía la sentencia de 30 de octubre de 2003, legalización que, según afirma, se impulsaba teniendo el Concello suspendida por Decreto la aplicación del planeamiento urbanístico y contando con una normativa urbanística provisional dictada ad hoc.
Durante el proceso las distintas partes presentaron sus argumentos. Los representantes de los vecinos, del Concello y de Mareber solicitaron que se desestimase la pretensión de Francisco Santiago García, alegando la concurrencia de imposibilidad legal y material de ejecutar la sentencia.
Sin embargo el recurrente defendía que no existía tal imposibilidad y que, en caso de acordarse la inejecución de sentencia, se plantease incidente de fijación de la correspondiente indemnización, un camino que si deja abierto el auto que acaba de dictar la sala.
En cualquier caso, la cuestión de fondo, decidir si se admitía o no el recurso contra el acuerdo de legalización, la resolvió el Tribunal favorablemente a los vecinos, al dar por bueno el acuerdo de la Junta de Gobierno de Viveiro de conceder la licencia de legalización al inmueble. Señala el auto que: «La cuestión es si el acuerdo de 6 de abril de 2011 impugnado es contrario a los pronunciamientos de la sentencia y, además, se dictó con la finalidad de eludir su cumplimiento. Y no hay base en autos para responder afirmativamente. Antes bien, la voluntad administrativa manifestada en el acto de ejecución discutido aparece como subordinada a la judicial declarada en el fallo a ejecutar», recoge la resolución que acaban de dictar y contra la cual podrá interponer el particular recurso de reposición en el plazo de cinco días, si así lo considera oportuno.