Si finalmente la titular del Juzgado de Instrucción número dos de Viveiro determina la apertura de un juicio oral contra los cinco miembros de la junta de gobierno del 2006, podrían enfrentarse a penas de prisión y de inhabilitación. Juristas consultados apuntan que podrían imponérseles condenas de entre seis y veinticuatro meses de prisión, así como de inhabilitación especial para desempeñar empleos o cargos públicos entre siete y diez años. Dependería de las penas que solicitasen fiscal y acusación particular, pero, sobre todo, de lo que determinase el juzgado de lo penal de Lugo donde se celebraría la vista. Ninguna de las partes consultadas se atreve a apuntar plazos de un caso abierto por hechos ocurridos hace casi seis años.