Las empresas denuncian que los concellos están imponiendo normas que chocan con la Lei de Montes
26 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La proliferación de ordenanzas municipales que gravan la actividad forestal ha abierto una nueva guerra entre las madereras y la Xunta. Las empresas advierten que 104 ayuntamientos, un tercio de los que existen en la comunidad gallega, tienen aprobadas regulaciones de este tipo. Y que 63 concellos las han desarrollado después del verano del 2012, justo cuando entró en vigor la nueva Lei de Montes, una norma que, teóricamente, derogaría las ordenanzas sobre la actividad forestal. Estas regulaciones municipales, en ocasiones, establecen tasas o incluso exigen avales. Como la normativa autonómica impide a los ayuntamientos regular los trabajos forestales, el poder local se ha lanzado a aprobar normas sobre el transporte en las vías que pasan por sus municipios, imponiendo también fianzas, algo que, según las madereras, contravendría el espíritu que buscaba la ley. Es el caso, por ejemplo, de municipios como As Pontes o Alfoz. Las empresas madereras denuncian, incluso, que los municipios están estableciendo regulaciones que chocan con la ley autonómica a través de los planes generales de ordenación urbana. Los últimos concellos en sumarse a la moda de las ordenanzas, según las madereras, han sido los de Dodro y Negreira, en A Coruña (Bergondo también está pendiente de aprobar la suya), y el de Baleira, en Lugo.
Las empresas sostienen que la Lei de Montes es fruto de un trabajo conjunto con Medio Rural, en el que se buscaba reducir el número y la tipología de las ordenanzas para facilitar la actividad. Ahora Confemadera, que ha roto las relaciones con la Administración autonómica, acusa a la Xunta de no hacer cumplir el marco normativo de la comunidad y de permitir a los ayuntamientos recaudar fondos extralimitándose en sus competencias.
El sector forestal ha planteado una mesa de negociación con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y con la propia Xunta. Los concellos, en su mayoría, sostienen que la actividad causa desperfectos en pistas y caminos (de ahí la exigencia de avales), argumento que las empresas rebaten con el hecho de que ya suscriben seguros de responsabilidad civil para hacer frente a estos contratiempos. «Más allá de si es legal o no, de los argumentos jurídicos, lo cierto es que sigue existiendo un auténtico caos normativo en el que cada ayuntamiento establece normativas diferentes, y eso es precisamente lo que quería evitarse con la ley de montes, que hubiera mayor uniformidad normativa en el territorio, y no reinos de taifas», explica Santiago Montero, propietario de una las mayores empresas de Galicia de aprovechamiento forestal.
Sometidos a la norma
Medio Rural hace un análisis sobre la realidad muy diferente al de Confemadera. Advierte que tanto la actividad agrícola como la forestal están sometidas a la normativa autonómica. Y precisa que los ayuntamientos no tienen competencias sobre la corta de madera, pero sí sobre el transporte en las vías que son de su titularidad. «No tenemos constancia oficial de que existan ayuntamientos que hayan publicado ordenanzas en las que se extralimiten al regular la actividad en sí», explican desde el departamento que lidera Rosa Quintana. «Suelen regular el transporte en las vías municipales, principalmente pistas forestales, dado que, en muchos casos, se refieren a los deterioros que estos movimientos causan por el uso de autocargardores y tractores, lo que a veces les lleva a imponer tasas o avales para la saca de madera en función del volumen cortado o transportado, pero sin cobrar por la corta en sí», aclaran. Según Medio Rural, esto es perfectamente legal y entraría dentro de sus competencias sin colisionar con la ley autonómica de agosto del 2012.