El fiscal pide «la pena más grave» y sin «compasión» para el ladrón del Códice

«Este es el juicio del Códice Calixtino y la opinión pública es muy sensible a cualquier actuación contra el patrimonio cultural». Así comenzó su alegato final el fiscal del caso, Antonio Roma, para pedir al tribunal «la pena más grave en el delito que más importa». El presunto ladrón, Manuel Fernández Castiñeiras, señaló el ministerio público, puso en peligro «un bien cultural de algo que trasciende» y que, continuó, «tiene un valor añadido, como es la historia de las peregrinaciones en toda Europa (...) es la plasmación de algo que vertebra Europa plasmado en un único documento».

Antes, el ministerio público había anunciado que mantenía su petición de un total de quince años de prisión y multa de 300.000 euros para el exelectricista de la catedral compostelana, pero quiso hacer hincapié en la necesidad de castigar con la máxima dureza el robo concreto del Calixtino, por el que ha solicitado cinco años de prisión. Los otros diez son por la sustracción de casi 2,5 millones de euros de la caja fuerte de la basílica, por atentar contra la intimidad de los canónigos llevándose documentos personales y oficiales de su propiedad y por blanquear parte de los fondos robados comprando un apartamento en la playa de A Lanzada de 150.000 euros que abonó en mano y en solo dos pagos.

En lo que respecta al dinero, el fiscal ha elevado ligeramente la cantidad que estima probado que Castiñeiras se llevó de la catedral a 2.454.955,68 euros. Inicialmente eran 2,3 millones, algo menos que la acusación particular, que ejerce la catedral, que pedía 2,6 millones y que ahora lo ha rebajado hasta coincidir con la solicitud del ministerio público.

El fiscal mostró la elocuencia que exigía la ocasión y la dureza que merece el delito juzgado. Acusó al exelectricista de haber actuado siempre con «sensación de impunidad» y premeditadamente, lo que a su juicio deja claro que no había perdido el control de sus actos, como intentó mostrar la defensa, sino que carece de «cualquier estímulo ético que desde mi punto de vista merezca la más mínima compasión, por lo menos a la hora de tratar jurídicamente el Códice».

El ministerio público había iniciado su exposición defendiendo una por una todas las actuaciones llevadas a cabo durante la investigación policial y la instrucción judicial. Era necesario, dado que la letrada de los acusados ha basado únicamente su defensa en reclamar una y otra vez la nulidad de todas las actuaciones por supuestas irregularidades que la sala, al menos de momento, no ha estimado.

Después pasó a detallar cómo considera probados los cuatro delitos de los que acusa a Castiñeiras. Explicó que pudo perpetrar los robos con fuerza del Códice y del dinero de la catedral utilizando llaves falsas que tenía en su poder y con las que entraba y salía de todas las estancias de la basílica. Destacó como pruebas de cargo contundentes que se halló el Calixtino en uno de sus garajes y el dinero en sus viviendas y que podían reconstruirse las cantidades sustraídas hasta llegar a esos casi 2,5 millones gracias a que Castiñeiras anotó hasta el 2005 lo que se llevaba en sus libretas y que el resto coincide con los datos económicos aportados por la catedral.

Dibujó a un hombre sin escrúpulos y con absoluto control de sus actos y que, en todo caso, solo muestra una actitud obsesiva a la hora de «ordenar» sus botines, no cuando los roba. «Se encierra, lo cuenta y lo ordena [el dinero], sin que le importe un bledo tener a su mujer trabajando y aportando a la economía familiar humildemente (...). Disfruta en la intimidad contando el dinero de una manera muy llamativa», señaló el ministerio público, que destacó además que en el caso del Códice se lo llevó «para excluirlo de los demás, no lo devuelve ni hace el intento de negociar para devolverlo, se lo queda, como todo lo demás. Es un lucro extraño e individual. Lo guarda en una bolsa metido en una caja en un garaje para su uso exclusivo privado, privando de la propiedad de todos y del estudio» de los expertos.

El abogado de la catedral de Santiago aplaudió todo lo manifestado por el fiscal, pero quiso hacer hincapié en dos aspectos. De un lado, en el agravante del abuso de confianza que para ellos hace que la pena de prisión deba elevarse hasta los 31 años. El letrado, José Antonio Montero, recordó que Castiñeiras había trabajado durante dos décadas como electricista en el templo y que de esa relación, de ser «un hombre de la casa» es de lo que se aprovechó para perpetrar los robos de dinero y para llevarse el Códice.

El otro punto en el que incidió la acusación particular es en reclamar comprensión ante los evidentes fallos de gestión en la catedral. «No se enjuicia a la víctima, no se enjuicia a la Iglesia y no se enjuicia al cabildo», señaló, y recordó que los sacerdotes están regidos por «normas morales propias de la religión católica» educados en el «no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados» que hizo que no asumieran la obligación de denunciar los robos de dinero sin tener pruebas concluyentes. En cuanto a Castiñeiras, afirmó que «ese mandato de perdón» lleva a la Iglesia a perdonarle «moralmente», pero «no jurídicamente» porque para ello tendría que haber habido un arrepentimiento y una sentencia de conformidad que Castiñeiras no aceptó.

 

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