Pierden ocho millones de euros por una ley sin aplicar que ahorraría 207 millones a los contribuyentes
01 feb 2015 . Actualizado a las 12:11 h.Este año debía ser el primero en el que las empresas de distribución y transporte de electricidad fuesen retribuidas por el Estado por el valor de las instalaciones que posee cada una y por las inversiones realizadas para el desarrollo de sus redes. Así consta en el Real Decreto 1.048/2013, que concreta una medida prevista unilateralmente por el Estado desde el 2009. De esta forma se le daría carpetazo al actual sistema de pago a las distribuidoras mediante una valoración subjetiva y transitoria pero que se viene prorrogando año tras año. Así será también en el 2015.
El incumplimiento ha soliviantado a las distribuidoras eléctricas gallegas con menos de 100.000 clientes en sus redes, damnificadas en su mayoría por la no aplicación de la ley. Son 34 en total, de las que 30 se integran en la Asociación de Productores y Distribuidores de Energía de Galicia (Apyde). Esgrimen dos argumentos. El primero es que al no entrar en vigor la nueva normativa de cobro, dejan de ingresar casi 8 millones de euros que les corresponden en atención a los activos que poseen, según estipuló el propio Estado. Aseguran que parte de ese dinero se reinvertiría en el mantenimiento de las redes, por lo que también salen perdiendo los usuarios.
Una orografía complicada
¿Por qué deberían cobrar esos 8 millones? La clave está en la orografía gallega y en la dispersión de su población. Llevar la electricidad a un montón de pequeños núcleos diseminados obliga a las distribuidoras a un notable despliegue de infraestructuras y redes. La nueva forma de pago compensaría esa complejidad del entramado eléctrico gallego y penalizaría en cambio el caso contrario: compañías que dan servicio a grandes concentraciones en áreas de fácil acceso. Esta pérdida de ingresos pone en peligro, según Apyde, la inversión de 12,6 millones prevista en Galicia para el 2015 y el 2016.
El segundo argumento es el despilfarro. Por no entrar en vigor este año el nuevo modelo de pago, el Estado le está abonando 207 millones de más al conjunto de las empresas de distribución y transporte de electricidad españolas. Un dinero que sale del recibo de la luz; es decir, del bolsillo de todos los contribuyentes del país.
El caso, en los tribunales
Las empresas gallegas han empezado a movilizarse. La más activa por ahora es Unión Distribuidores Electricidad (Udesa), que desarrolla su actividad en pequeños núcleos de población pertenecientes a 17 concellos coruñeses. Udesa ha interpuesto recursos administrativos en el Ministerio de Industria, ha hecho una reclamación al Defensor del Pueblo y tiene el asunto en los tribunales, para que, en palabras de sus responsables, «se tengan en cuentan todas y cada una de nuestras instalaciones».
Al comparar lo que las distribuidoras eléctricas ganarán este año con lo que deberían percibir, Udesa advierte de casos de retribución excesiva en otras comunidades autónomas, donde «hay compañías que perciben un 200 % más de lo que les corresponde en relación a sus activos». Para Marcos Tábora, de Tábora Abogados, firma coruñesa que defiende los intereses de la distribuidora, «es posible que la obligación de recortar ingresos a entidades de peso esté detrás de este retraso injustificado».
Apoyo de la Xunta
En esta batalla por sus derechos, las distribuidoras eléctricas gallegas no están solas. Fuentes de la Consellería de Economía e Industria confirmaron a La Voz de Galicia que están trabajando «para que el real decreto se apruebe cuanto antes y que se aplique no el 1 de enero del 2016, sino al mes siguiente de su entrada en vigor».
La Xunta considera legítima la reclamación de Apyde y avanza medidas. «Vamos a presentar alegaciones [al retraso normativo] ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia», afirman desde el Gobierno autónomo.
El motivo por el que el Ejecutivo central decidió en el 2009 que había que cambiar la manera de pagarle a estas empresas con menos de cien mil clientes en sus redes es el cambio de función que les impuso en su momento el Estado. Antes estaban autorizadas a comprar energía a firmas más grandes y revenderla a los usuarios con unos precios estipulados. El beneficio que obtenía cada una de ellas es el que, de forma transitoria, mantiene el Gobierno como forma de pago.
Un nuevo criterio
Hoy no es posible esa compraventa. La única actividad que se les permite es el mantenimiento de las redes e instalaciones. Por eso se aplica un nuevo criterio: se les retribuye en función del volumen de esos activos.