El ladrón del Códice no logra acreditar que ahorró 1,7 millones y no los robó

Xurxo Melchor
xurxo melchor SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

El electricista, con su abogada y su esposa, a su llegada al juzgado el martes.
El electricista, con su abogada y su esposa, a su llegada al juzgado el martes. Álvaro Ballesteros

La defensa presentó decenas de facturas, pero el tribunal las calificó de «irrelevantes» y abroncó a la letrada por la forma caótica en la que aportó la documentación

30 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Mal le están yendo las cosas en el juicio al presunto ladrón del Códice. Cometió un grave error al no contestar a las preguntas del fiscal y permitir así que la sala reprodujese su declaración ante el juez instructor en la que admitía haberse llevado tanto el libro como dinero de la caja fuerte de la catedral. Volvió a errar al afirmar, pese a esa confesión, que nunca había visto el Calixtino. Y ayer Manuel Fernández Castiñeiras volvió a dar un mal paso en su línea de defensa, ya que fracasó en su primer intento de aportar argumentos que puedan sostener que no se llevó de la basílica compostelana los 1,7 millones de euros que tenía guardados en sus cuatro viviendas.

Fernández Castiñeiras pretende convencer al tribunal de que esa enorme suma de dinero es fruto de años y años de trabajo y de que, como dijo su esposa, Manuela Remedios Nieto, son «moi aforradores». Ella y el hijo de ambos, Jesús Fernández Nieto, también están siendo juzgados, aunque solo por blanqueo de capitales por el uso que presuntamente dieron del dinero que, según el fiscal, el electricista robó en la catedral entre el año 2000 y el 2011. Un total de 2,3 millones de euros.

En ese arriesgado intento de probar que a lo largo de una vida de duro trabajo un electricista y una costurera pueden ahorrar casi dos millones de euros y comprarse tres pisos -el cuarto es una herencia-, la abogada defensora llamó ayer a declarar a dos canónigos y al exrector del Seminario Mayor para demostrar los muchos trabajos que Fernández Castiñeiras había realizado para la Iglesia. No solo no lo logró, sino que además exasperó al tribunal por su caótica forma de aportar la documentación que pretendía que reconociesen los testigos.

La abogada formó un lío en la sala porque algunas de las facturas estaban duplicadas, otras aportadas como originales y otras como copias sin mucho orden. El magistrado que preside el tribunal, Ángel Pantín, le llamó la atención en varias ocasiones y llegó a pedir a las partes que no perdieran tiempo con «cuestiones totalmente irrelevantes», comentario que deja claro que las facturas no han causado el efecto que buscaba la defensa.

Al exrector del Seminario Mayor, Manuel Ferreiro, la defensa le presentó dos contratos con su firma y sello que supuestamente él suscribió con Fernández Castiñeiras. El religioso fue tajante y muy claro. La firma era la suya y el sello el del seminario, pero él jamás firmó aquellos papeles. Es más, explicó que ya en su día advirtió al electricista que denunciaría la falsificación si intentaba hacer uso de ese documento que supuestamente creó el acusado.

Los dos canónigos coincidieron en su forma de explicar en qué consistió su relación laboral con Fernández Castiñeiras. El electricista, como autónomo, les presentaba facturas por trabajos realizados, ellos le daban su visto bueno y era el administrador el que las abonaba.

También compareció ayer ante la sección compostelana de la Audiencia Provincial el director del Museo Catedralicio, Ramón Izquierdo, que explicó cómo llegó un momento en que era tan frecuente que los documentos oficiales desapareciesen del despacho del que era deán, José María Díaz, que dejaron de entregarle los originales y le aportaban copias «porque con bastante frecuencia hubo que repetir el papeleo», señaló.

Miles de esos documentos oficiales de la catedral aparecieron en poder del presunto ladrón del Códice. Tres de ellos fueron presentados ayer a Izquierdo, que los reconoció como suyos y que en su día se los había entregado al deán en su despacho.

Es en estas apropiaciones de documentos en las que el fiscal fundamenta la acusación de delito contra la intimidad contra Castiñeiras, junto a las de dos robos con fuerza y blanqueo. Por todo ello le solicita quince años de cárcel, 300.000 euros de multa y el decomiso de dos pisos.