La asociación Jueces para la Democracia consideró que esta decisión lo único que va a hacer es encarecer un servicio y «privatizar» ciertas prestaciones. «La atribución de competencias a registradores y notarios puede implicar de hecho un encarecimiento de estos servicios», avisa esta organización de magistrados progresistas. «Parece promover una Justicia apresurada y previo pago de quien tenga recursos para pagársela», indicó Jueces para la Democracia en un comunicado. «Las propuestas más bien parecen buscar titulares», añadió.

Por su parte, la asociación de jueces Francisco de Vitoria apuntó que el trabajo de los jueves mermará, aunque no mucho.Sobre todo, recalcó, repercutirá en los bolsillos. Más beligerante se mostró el Sindicato de Secretarios Judiciales (Siseg), que afirmó que la Administración de justicia necesita una reforma «cualitativa y no cuantitativa» y se mostró muy escéptica hacia estas medidas. Asimismo, aseguró que los propios sindicatos son capaces de asumir el trabajo que Ruiz-Gallardón quiere conceder a los notarios: «Se garantizaría la prestación del servicio público para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su capacidad económica, y siempre mediante una oficina dotada de una agenda programada de señalamientos. Los secretarios judiciales estamos capacitados y dispuestos para asumirlo con coste cero para la ciudadanía», señaló la entidad.