El Gobierno de Portugal ha sido uno de los primeros en dar el paso en el marcaje extremo a las empresas subvencionadas. Fruto de esta política ha decidido retirar las ayudas fiscales concedidas a la factoría de PSA Peugeot Citroën de Mangualde, situada cerca de Lisboa, por incumplir un plan de inversión que recibió el aval de la Administración lusa.