ANÁLISIS Un proceso de paz con mucho proceso y poca paz

No es cierto que la Unión Europea no haga nada por los saharauis. El año pasado libró unos 10 millones de euros en ayuda a los refugiados. Claro que al mismo tiempo entregaba a Marruecos 144 millones en derechos de pesca para el banco sahariano. Y esto a pesar de que la propia UE no reconoce la soberanía de Rabat en esas aguas. Como siempre en estos casos en los que la comunidad internacional viola sus propias normas se quiso apaciguar las conciencias con una cláusula según la cual los beneficios de esta pesca deben emplearse en el desarrollo del Sáhara. Nadie se sorprenderá de saber que no es así. Este era precisamente el motivo de la protesta de El Aaiún: denunciar el deterioro de las condiciones de vida en los territorios ocupados y el incumplimiento de Marruecos.

Pronto los saharauis tendrán más motivos de queja, porque el expolio no ha hecho más que empezar. Marruecos ha vendido concesiones petroleras en el Sáhara a la francesa Total y a la norteamericana Kerr McGee. Hasta 1991, la presión armada del Polisario, que llegó a tener contra las cuerdas al Ejército marroquí, impedía que Marruecos aprovechase el territorio. Pero entonces la ONU, por medio de su mediador James Baker, convenció al Polisario de que bajase las armas a cambio un proceso de paz. Los saharauis, que comparten bandera con los palestinos (los colores están en un orden ligeramente distinto), pudieron así comprobar al mismo tiempo que ellos que hay procesos de paz que tienen mucho de proceso y poco de paz. El referendo de autodeterminación que prometía el Plan Baker se retrasó diez años. Cuando por fin hubo un censo, Marruecos dijo que ya no le apetecía y forzó un Plan Baker II. Luego, ni eso. Entonces Baker lo dejó y se fue a la empresa privada. Concretamente, a Kerr McGee, una de esas dos petroleras que tienen concesiones marroquíes en el Sáhara. Desde entonces han pasado otros diez años.

En cuanto a España, no hace mucho, la ONU volvió a recordarle algo que sigue sin querer asumir: que es la administradora de iure del Sáhara Occidental. Puesto que en su momento no le concedió la independencia y la ocupación marroquí es ilegal, en Derecho Internacional España sigue siendo responsable de este territorio que un día consideró su provincia número 53 (la mitad del país, entonces). Para ignorar esta realidad, Moratinos inventó un concepto político nuevo, el de la «neutralidad activa». Nunca fue activa, y ahora parece que ya no va a ser ni neutralidad.