La Audiencia Nacional atribuye al Gobierno el traslado de los piratas

Mateo Balin

INTERNACIONAL

El presidente del tribunal dice que Garzón «desconocía» la intención de enviar a los detenidos a España.

12 nov 2009 . Actualizado a las 22:44 h.

La Audiencia Nacional descargó hoy la responsabilidad al Gobierno en la denuncia y posterior traslado a España de los dos piratas encarcelados. En una carta poco habitual, el presidente del tribunal, Ángel Juanes, se sacudió las críticas que han recaído sobre la actuación del órgano judicial en la crisis del Alakrana y apuntó de forma directa a la Abogacía del Estado, institución dependiente del Ministerio de Justicia.

En la misiva de cinco puntos, Juanes cierra filas en torno a la actuación del juez Baltasar Garzón, que abrió la causa contra los dos somalíes al estar de guardia ese fin de semana, y aseguró que procedió »en respuesta a una denuncia presentada guno para que las personas fueran trasladas a España y que el magistrado tan sólo se limitó a cumplir la ley al ordenar su traslado para legalizar la situación de los detenidos, como pidió la Fiscalía una vez que recibió la denuncia de la Abogacía del Estado.

Juanes va más allá y asegura que el magistrado «desconocía» que (el Ministerio de Defensa) tuviera intención de llevar a los piratas a un tercer país, en este caso Kenia, en virtud del acuerdo jurídica firmado por la Unión Europea que permite procesar en ese lugar a los piratas detenidos por militares de la Operación Atalanta.

Cronología

El pasado 4 de octubre de madrugada, cinco horas después de que los infantes de marina de la fragata Canarias abordaran el esquife y apresaran a sus tripulantes, el abogado del Estado presentó una denuncia de los hechos en la Audiencia Nacional para judicializar la situación del Alakrana y poder llevar a España a los dos secuestradores. Hacia las 3:30 horas de la madrugada, Garzón abrió la causa y avisó al fiscal para que informase sobre la competencia del juzgado. El juez notificó a los Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores y Defensa su resolución.

Horas más tarde el departamento dirigido por Carme Chacón anunció que los detenidos debían ser trasladados para legalizar su situación, ya que no podían permanecer detenidos más de tres días.

Y un día después, el 5 de octubre, el fiscal confirma la competencia de la Audiencia Nacional, ya que el atunero se encontraba fuera de la zona de la Operación Atalanta, y solicita prisión provisional incondicional para los piratas, que el juez Garzón finalmente acuerda.