secuestro en el índico El secuestro del «Alakrana» supera ya en duración al del «Playa de Bakio»

El augurio que hizo el lunes pasado la ministra de Defensa, Carme Chacón, al vaticinar que el secuestro del Alakrana iba a ser largo, más que el del Playa de Bakio, se cumplió ayer. Son ya ocho los días que el atunero propiedad de la empresa vasca Etxebastar Fleet lleva en manos de los piratas y sin que se sepa todavía si está cerca o no la resolución del conflicto. Al igual que en el caso del Alakrana , en el Playa de Bakio también había ocho gallegos en un tripulación compuesta por 26 personas (diez menos que en el buque de Etxebastar Fleet). Y al igual que ahora, el barco también estuvo fondeado frente a Harardhere, uno de los principales refugios de piratas. Pero si la embarcación propiedad de Pevasa permaneció secuestrada durante siete días en el mes de abril del 2008, el Alakrana ya lleva ocho y nadie se atreve a vaticinar cuándo terminará el cautiverio de las 36 personas.

Fuentes del sector aseguran que las negociaciones ya han arrancado. Es más, no falta quien sostiene que el armador y sus representantes han dado ya con el interlocutor válido y que el apoyo de la diplomacia y de la inteligencia española serán vitales, como lo fueron en el caso del Playa de Bakio .

La cantidad que algunos medios de comunicación han apuntado que se ha pedido por el rescate -por encima del millón de euros- es «especulación pura y dura», ha asegurado la ministra de Medio Marino, Elena Espinosa, una apreciación que ayer corroboró el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín. Este aseguró en Vigo que las conversaciones las está llevando el armador con la máxima discreción, tal y como se exige en estos casos, y que con este objetivo se ha desplazado hasta la zona del conflicto. Martín afirma tener constancia de que los tripulantes están bien e incide en que se está trabajando en varias vías.

Avanzó, además, que dos empresas españolas han solicitado ya autorización al Ministerio del Interior para poder embarcar en sus buques a agentes de seguridad privada con el armamento que ahora se permite: fusiles de repetición y de largo alcance.