Las mafias lusas sacan partido de las contrataciones irregulares, muy activas en España, Francia y Holanda
26 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La burbuja inmobiliaria no estalló en Portugal porque nunca se llegó a inflar. La crisis que la república lusa vive desde hace diez años evitó que el ladrillo se convirtiese en refugio de la especulación.
Pero el país tampoco está siendo capaz de mantener siquiera el lento ritmo de renovación de su parque inmobiliario. Basten dos datos: el paro en la construcción creció un 77,3% el pasado mes de julio y la inversión inmobiliaria cayó un 50% en la primera mitad del año, lo que genera una situación dramática si se tiene en cuenta que el sector ocupa a uno de cada diez portugueses. Ese condicionante, sumado al de los bajos salarios que por convenio se obtienen en las obras de todo el país, está propiciando que los portugueses vuelvan a ver en la emigración la posible salida a sus problemas vitales.
Como Galicia y el resto de España ya no son lo que eran hace apenas un año, los portugueses han puesto su punto de mira en el centro de Europa. «Miles y miles de trabajadores están saliendo ya para Holanda, Francia y Bélgica y también para Angola», constata Albano Ribeiro, el presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Construcción Civil del Norte. Su central tiene una tabla salarial actualizada constantemente que no deja lugar a dudas para comprender el repunte de la emigración portuguesa.
«Un operario cualificado de primera cobra aquí 531,50 euros al mes por convenio; si se va a España puede obtener entre 1.200 y 1.500 euros; en Francia 2.500, y en Angola llega incluso a los 4.000», relata el líder laboral de la construcción.
Mafias
Pero tampoco es tan fácil aventurarse en el extranjero. Según Ribeiro, las mafias portuguesas están haciendo su agosto a cuenta de la necesidad de sus compatriotas emigrados. Las contrataciones siguen un sistema piramidal en el que se pierde la pista del responsable original y en la que el trabajador va viendo como su salario mengua de manera brutal antes de que pueda cobrarlo. Las múltiples subcontrataciones conforman el entramado perfecto.
«Son incontables los casos en los que en lugar de ingresar los 2.000 euros solo acaban recibiendo 700», asegura el líder obrero.
Pero ahí no queda todo. «En muchos casos hasta tienen que llevarse la ropa de cama, dormir en las obras y reciben mala alimentación», constatan en la central de la construcción, que ya tiene 15.000 afiliados en el extranjero de entre los 120.000 compatriotas que calculan que trabajan en todo tipo de obras más allá de sus fronteras.
Albano Ribero achaca dicha práctica a los propios capataces portugueses que supervisan en el extranjero el trabajo de sus compatriotas y pone como ejemplo extremo el caso de un trabajador de la construcción luso que falleció en una obra en Vigo y fue metido en una furgoneta para llevarlo al otro lado de la frontera para ocultar el motivo del accidente al carecer la víctima de contrato y de seguro la empresa que lo reclutó.
Aunque resulte inusitado, sindicatos y partidos de izquierda han propuesto en la campaña electoral una recalificación masiva de terrenos en las ciudades y sus extrarradios para propiciar el repunte del sector. Solo la propuesta planteada para Oporto permitiría la contratación de 7.000 trabajadores para levantar 35.000 hogares en los próximos años.
Pero la petición para que se abra la veda de la edificación va más allá de las ciudades. Vila Franca de Xira, enclave rural del entorno de Lisboa, está dispuesta a liderar una batalla para conseguir en la nueva legislatura que los planes directores municipales (los PGOM lusos) puedan permitir la construcción de viviendas en parcelas de una hectárea de extensión, en lugar de los 20.000 metros cuadrados que se exigen ahora en las zonas de campo. El partido de José Sócrates no parece, sin embargo, estar dispuesto.
Desperdicio de ayudas
Esas dificultades, además del alto coste de los combustibles y la bajada de los precios de los productos agrícolas, está empujando también al éxodo en el campo portugués en favor de la emigración. La Unión Europea ha alertado a la Administración lusa respecto a su política agraria, tras haber perdido 64 millones de euros en ayudas comunitarias para diversos proyectos, solo por culpa de no haber presentado a tiempo los requisitos demandados.