El malestar por la subida de los precios y por los bajos salarios en la cuarta potencia económica de África obliga al Gobierno a adoptar medidas para evitar las protestas
05 ene 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Con 77 millones de personas concentradas en un 5% del territorio, Egipto es el país árabe más poblado y la cuarta potencia económica de África. Mientras que los efectos de la crisis se hacen notar lentamente en Oriente Medio y en el Golfo, el Gobierno egipcio ya toma medidas contra el descontento social.
Desde el 2004, con el nombramiento del primer ministro reformista, Ahmed Nazif, y los tecnócratas que lo acompañan, el presidente Hosni Mubarak intenta enderezar la economía y tranquilizar a los ciudadanos.
Los casos de corrupción que salpican hasta a ministros son habituales. Y con la crisis económica, las principales fuentes de ingresos, las tasas del canal de Suez, el turismo y las remesas que envían los egipcios en el extranjero, empiezan a decaer.
El Estado se repliega de su rol de proveedor social, retirando subvenciones como la del tabaco, cuyo precio subió un 10%, o la gasolina, que se encareció un 40%. Y varios proyectos de privatización como el del Banco del Cairo han sido paralizados.
En la poblada capital, la galopante inflación, que alcanzó un 23% en agosto, se hace notar. Mohamed es taxista y se queja de la subida del combustible. Cobra unos 100 euros al mes, con los que mantiene a una familia de siete miembros: «Me da lo justo para pagar el alquiler, el colegio, la comida, la gasolina y poco más». Para comprar lo tiene claro: acude al mercado informal, un lugar de intercambio que ha florecido a raíz de la importante subida de los precios. En el souk al gamaa , o mercado del viernes, se puede comprar desde un canario a ropa de segunda mano, e incluso alquilar maquinaria de construcción un 40% más barato.
Carestía y salarios
La carestía, sumada al estancamiento de los salarios, ha derivado ya en protestas sociales. La última y más grave comenzó en la ciudad industrial de Mahalla, en el Delta, y se extendió por el país hasta obligar al Gobierno a incrementar un 30% los sueldos en el sector público. El salario medio es de unos 80 euros para la clase obrera.
De no enderezar la economía, a este Gobierno criticado por su autoritarismo, corrupción e intento de convertirlo en hereditario, apretar más el cinturón puede costarle una revolución social.