Con un pie fuera de la Casa Blanca, el presidente George W. Bush se anotó una nueva victoria en su estrategia de lucha contra el terrorismo. Tras meses de enfrentamiento y debate, el Senado aprobó el miércoles por la tarde una medida que otorga mayores poderes al Gobierno para espiar las comunicaciones -conversaciones telefónicas y por Internet- de sus ciudadanos y extranjeros sospechosos de pertenecer a alguna organización terrorista.
La ley incluye un polémico punto, que enfrentó durante todo este tiempo a republicanos y demócratas, pero que el presidente había considerado siempre vital e imprescindible: blindar contra cualquier demanda o reclamación judicial a las compañías telefónicas que cooperen con el Ejecutivo, facilitándole la información sobre sus clientes que este les solicite.
La revelación, hace dos años y medio, de este programa de espionaje telefónico, aprobado por el mandatario en secreto tras los atentados del 11 de septiembre, levantó ampollas y fuertes críticas. Ahora, Bush se ha salido con la suya gracias a la campaña electoral en marcha: los demócratas no han tenido más remedio que acceder y votar a favor, para no abrir un nuevo frente de críticas que pudiera dañar las aspiraciones de su candidato, Barack Obama.
De este modo, la medida se aprobó con 69 votos contra 28 en el Senado, donde fracasaron los intentos de limitar o eliminar la inmunidad retroactiva para las empresas que participaron en las escuchas.
La lucha antiterrorista
Y es que en cuestiones de seguridad nacional, los demócratas son siempre acusados por los republicanos de ser blandos en asuntos de lucha antiterrorista, un área que, por otro lado, sabe vender la derecha.
Precisamente, el senador afroamericano fue de los que votó a favor de la medida, a pesar de que siempre se opuso a otorgar inmunidad legal a las compañías que cooperen con el Ejecutivo.
Obama dio su apoyo a una ley «mejorada pero imperfecta», según dijo, después de que fuera imposible introducir una enmienda que limitara dicha inmunidad. Su rival, el republicano John McCain, no pudo votar, ya que se encontraba de campaña en otro estado, aunque se mostró a favor de la misma.
Las mayores críticas a la ley dicen que supone allanar el camino para la violación de los derechos civiles y las libertades fundamentales de los ciudadanos, que pueden ser espiados sin orden judicial previa. Algo que nadie debería temer, según el senador republicano de Missouri, Christopher Bond, «a no ser que tengas el número de Al Qaida en tu agenda de contactos telefónicos».
Mientras, la influyente y activa Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó la medida de inconstitucional y de «asalto al derecho a la privacidad de los ciudadanos».
Ayer, al llegar de su viaje a Japón, Bush firmó el texto y calificó esa ley de «vital para la seguridad de nuestra gente». Añadió: «Permitirá a nuestros profesionales de inteligencia monitorear rápida y efectivamente las comunicaciones de los terroristas en el extranjero, y respetar las libertades de los estadounidenses aquí en casa».
La nueva norma sustituye a la Ley de Supervisión de Datos de Inteligencia sobre Extranjeros, de 1978, que había quedado anticuada por la irrupción de las nuevas tecnologías