El Gobierno de Cowen responde que no estará en disposición de dar soluciones concretas antes de octubre
Los Veintisiete aceptan dar más tiempo a los irlandeses para que busquen una fórmula para aprobarlo
Para que el Tratado de Lisboa pueda entrar en vigor hace falta que los irlandeses digan que sí. Pero los irlandeses han dicho que no. ¿Puede entrar en vigor el Tratado de Lisboa? Si la pregunta se le planteáramos a un párvulo quizá contestaría de inmediato, pero si se la hiciéramos a un alumno de secundaria seguro que tardaría en responder. Sospecharía que el enigma tiene truco y pediría tiempo para dar con la solución.
Como jóvenes castores a la caza del tesoro, los líderes de la Unión Europea se reunieron ayer en Bruselas para buscar una salida al laberinto en el que les ha metido el no irlandés al Tratado de Lisboa. Y como dando por hecho que el jeroglífico tiene truco, actuaron como si solo fuera cuestión de tiempo cuadrar el contradictorio silogismo.
Al cierre de esta edición, los jefes de Estado y de Gobierno cenaban en Bruselas bajo una premisa: todos están de acuerdo en proceder de manera tranquila, continuando con normalidad el proceso de ratificación del Tratado en los siete países que, salvo Irlanda, aún no lo han aprobado, y dando por hecho que empezará a funcionar en el plazo previsto y en su redacción actual.
A la vez, los líderes se muestran dispuestos a respetar la voluntad de los irlandeses, como les pidió ayer el primer ministro de ese país, Brian Cowen, quien se reunió con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, nada más aterrizar en la capital belga.
«Necesitamos tiempo»
«Necesitamos tiempo para analizar el voto y explorar opciones», dijo Cowen, quien advirtió de que aún es es «demasiado pronto» para dar a la esfinge una respuesta. Su ministro de Exteriores, Michael Martin, avisó además de que no podrán ofrecer una hoja de ruta al menos hasta octubre. Y eso disgusta a a sus socios, porque complica la posibilidad de que el Tratado entre en vigor antes de las elecciones al Parlamento Europeo en la primavera del 2009.
De momento, la Unión trabaja por la vía de la exclusión de opciones, tachando de su agenda las menos viables, como modificar el texto. Esa fórmula funcionó con el no francés y holandés a la Constitución -Lisboa es su versión modificada-, pero ahora no sirve porque obligaría a reabrir unas negociaciones que costó muchísimo cerrar.
«Un cambio institucional es extraordinariamente difícil», reconoció ayer Barroso. El presidente del Parlamento, Hans Gert Pöttering, validó la tesis y advirtió de que «los perdedores» del referendo no han sido las instituciones comunitarias, ni los Gobiernos, sino los ciudadanos. Claro que es imposible saber si los ciudadanos, al menos los de Irlanda, piensan los mismo. Aunque la próxima vez que les pidan su opinión sobre el Tratado de Lisboa, alguien debería advertirles de que la pregunta tiene truco.
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