Piden multas de 20 y de 300 euros para los «saboteadores» del torneo de Portomarín
LUGO
Cinco minutos antes de comenzar el juicio, se empezaron a escuchar las primeras consignas a las puertas del juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chantada. «Queremos xa, dereitos para os animais», «A caza é asesinato» y «Non máis acoso a ningún raposo» fueron algunas de ellas. Salían de boca de los miembros de la asociación ecologista Equanimal, que ayer acompañaban a cuatro integrantes del colectivo que iban a ser juzgados por alteración del orden público.
Los hechos se remontan al 30 de enero de este año, cuando unos doscientos activistas pertenecientes a la asociación Equanimal se trasladaron a Portomarín para impedir que se desarrollase el Campeonato de Caza de Zorro. Al parecer los ecologistas emplearon silbatos y otros objetos con el fin de hacer ruido y espantar a los zorros en el monte mientras acompañaban a las cuadrillas de cazadores participantes. Agentes de la Guardia Civil de Monterroso y Portomarín requirieron a los manifestantes que abandonasen la zona de seguridad y dejasen de hacer ruido con el fin de ahuyentar a los animales, indicaciones a las que los activistas hicieron caso omiso. La jornada terminó con ocho de los integrantes de Equanimal imputados por desobediencia a la autoridad.
Cabe señalar que la asociación había solicitado una autorización para la realización de la concentración. Al parecer en ese permiso, concedido por la Subdelegación del Gobierno en Lugo, se señalaba que los activistas podían concentrarse en las calles del casco urbano de Portomarín pero no podían acompañar a los cazadores al monte.
Comparecieron cuatro
De los ocho imputados solo cuatro comparecieron ayer en Chantada. Fueron Eneko Pérez, Hugo Lucero, Paula Cudeiro y Alba García. Los cuatro denunciados reconocieron abiertamente haber acudido al monte con el objetivo de sabotear el torneo de caza. Ninguno de ellos admitió sin embargo, haber hecho ruido con ningún objeto, y según indicaron tan solo se acercaron a los cazadores para intentar disuadirlos del ejercicio de la caza.
Todos reconocen conocer el contenido de la autorización, que contemplaba la prohibición de acudir al monte durante la caza, y haber desobedecido a los agentes de la Guardia Civil cuando estos les pidieron que abandonasen la zona donde se celebraba el campeonato. Además, los miembros de Equanimal coincidieron en que el objetivo de su irrupción era evitar el mayor número de muertes posibles «de animales inocentes».
En su defensa, su abogado señaló que circular por el monte es un derecho libre, y que la Lei de caza de Galicia contempla ese derecho siempre y cuando no se haga ruido con el fin de espantar a los animales. Como atenuante el letrado también hizo referencia al artículo 20 incluido en el Código Penal, según el cual «están exentos de responsabilidad criminal las personas que en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesionen un bien jurídico de otra persona o infrinjan un deber».
Desobediencia a la autoridad
Por su parte, los seis agentes de la Guardia Civil de Monterroso y Portomarín, que conformaban la parte denunciante, declararon que los activistas ocupaban la zona donde los trabajadores estaban cazando, situada en el coto de caza Río Miño, en el monte Vilariño, «ahuyentando a los animales y poniendo en peligro su vida». Según los agentes, en reiteradas ocasiones les solicitaron que abandonasen el lugar, sin que los manifestantes obedeciesen la orden.
El Ministerio Fiscal pidió que se declarase a los activistas culpables de una falta contra el orden público por desobediencia de los agentes de la Guardia Civil, así como por interponerse en la actividad de los cazadores «infringiendo las leyes de caza vigentes, invadiendo la zona de seguridad establecida y haciendo ruido para ahuyentar a las presas».
Así, el Ministerio Fiscal pidió una multa de 50 días con una cuota diaria de seis euros para los ocho activistas imputados, al haber manifestado los acusados carecer de recursos económicos.
Por su parte, el abogado de los acusados solicitó una multa de 10 días con una cuota diaria de 2 euros, la pena mínima contemplada en el Código Penal.