La fiscal del caso no tuvo más remedio que olvidarse del delito de prostitución que imputaba a una pareja relacionada con la entrada en España de jóvenes lituanas que luego trabajaban en el club Eros de Garabolos. En el juicio que tuvo lugar ayer, una prostituta con la condición de testigo protegida, echó por tierra la acusación formulada por el ministerio público que, finalmente, dejó los hechos en una simple falta de coacciones.
Lo que en un principio era una petición de pena de seis años de cárcel para la pareja acusada acabó en una multa de veinte días a razón de 30 euros diarios. Ahora la jueza decidirá.
El juicio de ayer fue realmente un cúmulo de despropósitos. En primera lugar, la testigo protegida fue vista por los acusados y quienes esperaban el inicio del juzgado. Después declaró detrás de un biombo. Lo que la fiscal seguramente esperaba que fuese una declaración contundente contra los acusados acabó en agua de borrajas porque la meretriz, a pesar de que se lo preguntaron con insistencia, no llegó a decir que fue obligada a prostituirse. Contó que cuando se vio en el club, al que decidió venir porque le dijeron que iba a servir copas, no le quedó más remedio que hacer lo que las demás chicas para poder pagar una deuda que tenía contraída con la acusada en concepto del desplazamiento.
Todo eso lo dijo ayer, pero resulta que antes, cuando presentó la denuncia ante la Guardia Civil, contó que fue captada por R.L. (acusada) que la trajo a Lugo, en octubre de 2002, con otras compatriotas en una furgoneta. Por este servicio contrajo una deuda de 2.000 euros.
Acabó en el Eros (por aquel entonces Scorpio) donde el otro acusado, F.D.P., presuntamente le retuvo el pasaporte para que no pudiera escapar. Decía el fiscal inicialmente que, pasado un mes desde su llegada, la acusada le reprochó que ganaba muy poco dinero y que, por lo tanto, debía mantener relaciones sexuales con los clientes, siendo obligada a ello bajo amenazas de ser golpeada y de ser entregada a una mafia en Valencia, «para que hiciera de ella una buena prostituta».
El fiscal consideraba que los dos acusados habían obligado a la testigo protegida a ejercer la prostitución hasta finales de noviembre de 2002 en que pudo avisar a la Guarda Civil de lo que ocurría.
Por celos
R.L., la joven lituana acusada por el fiscal, negó que trajese a la fuerza a la presunta víctima y aseguró que ésta la denunció ante la Guardia Civil posiblemente por celos. Recordó que se había enamorado de uno de los porteros del establecimiento con el que acabó teniendo un hijo. También declaró que no cobró nada a la joven y que únicamente pagaron 200 euros en concepto de gastos de viaje.
Por su parte, el acusado explicó que nada tenía que ver con el Eros, salvo que iba a tomar de vez en cuando alguna copa «y a veces hacía lo que hacían todos los hombres». Negó que le hubiese retenido el pasaporte y que, mucho menos, la hubiese coaccionado para que mantuviese relaciones sexuales. «La invitaba a una copa para que pudiera ganar algo», dijo.