Las investigaciones y los cruces de denuncias relacionadas con autoridades sitúan a los juzgados de Lugo en el foco de la noticia
20 jun 2010 . Actualizado a las 02:00 h.En el Lugo de las fotos que salen en la sección nostálgica de los periódicos, la vida política de la provincia tenía su centro en la calle San Marcos. La política municipal en la ciudad era, cuando la foto en sepia, algo que ocurría en el pazo de la plaza Maior. En Lugo, la modernidad en política es la plaza de Avilés; gira, quién lo iba a decir, alrededor de la matrona escoltada de leones que es España, y se instala en un agotador sube y baja por las escaleras de los juzgados. La política discurre en Lugo entre el frufrú sanitario de las togas. Quizá está en los juzgados el remedio único a la desconfianza ciudadana en quien dirige las instituciones, a la lejanía creciente entre el administrador y el administrado. El alcalde de Castro dice que tiene la conciencia tranquila y la delegada de Urbanismo de Lugo busca el amparo de los jueces frente a los que acuden a ellos para que diseccionen el PXOM. Dura lex, sed lex .
El lucense Ricardo Varela está en el punto de mira del PP y se acoge a los tribunales convencido de que darán fe de su buen hacer, que ponen en duda los populares, en sus días de conselleiro de Traballo. Varela, en calidad de secretario provincial del PSOE, acude en defensa del alcalde de Castro de Rei, Juan José Díaz Valiño , que sostiene que no piensa dimitir como consecuencia de la investigación judicial porque tiene la conciencia tranquila. Tampoco se inquieta, según parece, la vicepresidenta de la Diputación, Lara Méndez . Ni se alteran, según se ve, otros ediles, de distinta filiación política, cuyos nombres aparecen en la investigación judicial.
Las obras, ¡ay!, siempre las obras; qué tendrán las obras, qué tantas expectativas despiertan, tantos disgustos dan, tantos enemigos buscan. Al ex alcalde Tomás Notario le buscó las vueltas por las salas de los juzgados un empresario que había conocido mejores días y el fiscal que lo acusaba, carente de argumento de mayor peso, expresó su «convicción psicológica» de la culpabilidad del edil. Notario, alcalde tan prudente como bravo, largó el discurso contundente de la inocencia y, liberado de la acusación, se fue a casa más alcalde y más señor. Entonces se vio que conviene a la justicia la actuación diligente, porque, si es rápida, es más justa, vino a decir en ocasión reciente el socialista López Orozco , que, en el campo judicial, ve los toros desde la barrera. Pero es una barrera débil y cambiante, a la que van añadiendo peso los unos y los otros.
Al alcalde Orozco, la asociación Alpul le envía el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aún no aprobado, al juzgado para una ecografía de legalidad y abre, quizá, una vía de penetración al corazón del socialismo lucense que es el Ayuntamiento. Alpul ve lo que ve en el PXOM y la delegada del alcalde para Urbanismo, María Novo , anuncia una querella en defensa de su honor contra la asociación. Orozco avala la querella, como antes avaló denuncias contra policías locales que pueden ser armas de ida y vuelta, un bumerán de legajos. El presidente de Alpul, José Cabana , va camino de salir definitivamente del anonimato, como antes lo hizo, sin pretenderlo, Marcos Bourio , también por batallas urbanísticas. Su voz, que es voz incómoda para el poder, puede sonar fuerte cuando la carrera electoral enfile la recta de la meta de las próximas elecciones locales.
La voz que no suena fuerte, sino suave y como escasamente convencida, es la del conselleiro de Cultura, Roberto Varela , que presentó en Lugo el diseño del centro de la romanización. Hubo un punto de desgana en la presentación, un algo como de estar en otra parte. Varela viene a Lugo y es como si el PP desaprovechase la ocasión de empujar la carrera de su candidato, Jaime Castiñeira , como si al PP le sobrasen los recursos para desbancar al PSOE del Ayuntamiento y de la Diputación. Castiñeira abre frentes municipales con su propuesta de construir una calle subterránea en San Marcos y el presidente de la CEL, Eduardo Jiménez , que sabe lo que vale un peine como lo saben los empresarios, se apunta y dice que sí, que está bien. Rábade , el concejal al que los viajeros se le apean del bus urbano (pierde usuarios), dice no, qué va, que hay un plan de movilidad, con acento catalán, y no planea subterráneos en San Marcos. Rábade es la versión municipal y socialista del conselleiro Varela. A los dos les duelen las palabras, les salen como contra su voluntad y se les nota acogidos a la indicación de Cela: para hablar hay que tener algo que decir.
En el Lugo de las fotos sepia la política provincial pasaba por San Marcos; en la política lucense de la modernidad, la referencia es la plaza de Avilés, antesala de los juzgados. Dura lex, sed lex.