El presidente balear, el socialista Antich, mostró ayer su rechazo al nuevo modelo
El Gobierno central quiere cerrar el nuevo modelo de financiación autonómica el próximo día 15, esto es, apenas tiene siete días de plazo para poner fin a los recelos que ha despertado entre varias comunidades, incluida la gallega, la propuesta que ahora mismo está sobre la mesa. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, reiteró ayer su confianza en cumplir el plazo comprometido por José Luis Rodríguez Zapatero, y ello pese a que han surgido voces que reclaman un nuevo aplazamiento de las conversaciones para solucionar las diferencias planteadas por las comunidades.
En este sentido, Salgado explicó, según informa Efe, que el nuevo modelo puede agradar «a todos o a nadie» ya que, cuando hay intereses contrapuestos, resulta complicado satisfacer a todas las partes. El Ministerio de Economía remitirá hoy a los distintos Gobiernos regionales su última propuesta de financiación, que debería recoger las cantidades asignadas a cada autonomía en el nuevo reparto de fondos.
A partir de hoy, por tanto, los ánimos podrían apaciguarse o tensarse todavía más. En el primer grupo deberían figurar, a priori, Cataluña, Madrid, Valencia y Baleares, toda vez que el presidente Zapatero comunicó el pasado lunes a la dirección del PSOE que el nuevo modelo primará a estas comunidades por un criterio de justicia; básicamente, porque su población se ha incrementado de forma sustancial en los últimos años y la transferencia de recursos no ha sido acorde a esta tendencia al alza.
Paradójicamente, el presidente de Baleares, el socialista Francesc Antich, aseguró ayer, tras entrevistarse con Salgado, que no está de acuerdo con el nuevo sistema de financiación y reclamó que se atiendan las «pretensiones» de su Gobierno. Otra de las autonomías supuestamente beneficiadas, la Comunidad de Madrid, reclamó que el nuevo modelo incluya una «garantía de suficiencia dinámica» que asegure en el tiempo la sostenibilidad de la financiación para atender los servicios básicos: sanidad, educación...
Inflexibles al negociar
Por último, desde Cataluña, los portavoces de Esquerra Republicana (ERC) advirtieron que la última propuesta remitida por el Gobierno sigue siendo «insuficiente» porque no llega a los 3.800 millones de euros para el tercer año de aplicación. Los integrantes del Ejecutivo catalán se están mostrando inflexibles a la hora de negociar, y ello pese a que han sido señalados por varios presidentes regionales como los responsables de las distorsiones que impiden cerrar definitivamente el modelo.
Si Baleares, Madrid y Cataluña ponen peros al modelo, pese a que supuestamente se van a ver beneficiadas, en los últimos días ha ido tomando cuerpo un segundo grupo de comunidades que cada vez se distancian más del sistema que ha diseñado Economía. Castilla y León y La Rioja, así como Galicia, son tres de ellas. Los presidentes de las dos primeras, los populares Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz, respectivamente, anunciaron ayer, tras mantener un encuentro, su intención de pedir la convocatoria de la conferencia de presidentes si el modelo se fija en los términos que sospechan, y que no apoyan.
Ciudadanos de segunda
«Mañana [por hoy] no sabremos, o sí lo sabremos, que es la desgracia, por qué para este Gobierno socialista de España un riojano o un castellanoleonés no tienen, a la hora del reparto de esos recursos, la misma condición que los habitantes de otras comunidades. Por lo tanto, que no cuenten con nuestra adhesión a ese sistema», subrayó Herrera.
Pero entre los descontentos no solo figuran comunidades del PP. El Gobierno también ha de hacer frente a las reivindicaciones de presidentes socialistas que no ven con buenos ojos el documento actual. Además de Baleares, Asturias y Extremadura han exigido que la dispersión sea un criterio con peso en el reparto -en sintonía con lo planteado por la Xunta-, mientras que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, pidió el lunes a la dirección del PSOE más coordinación e información sobre el nuevo modelo en nombre de otros ejecutivos regionales del PSOE.
En la misma línea, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, advirtió ayer que su gabinete no ratificará el sistema de Zapatero «si no se garantiza que la financiación per cápita de Andalucía se mantiene en la media nacional».
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