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A MARIÑA
Viveiro tendrá que pagar 26.393 euros por obras de la etapa de Aja
Roel no descarta un crédito para afrontar la deuda de 3,2 millones
Un concejal del PP reconoce haber encargado y firmado las obras sin contar con presupuesto
XAIME F. RAMALLAL
Una sentencia del Xulgado do Contencioso-Administrativo de Lugo ha condenado al Concello de Viveiro a pagar a la empresa Daviña S.L. 26.399,93 euros por trabajos de instalaciones y montajes eléctricos requeridos por el concejal del PP Celestino García Paz durante la etapa de gobierno de César Aja. El Concello dispone de un plazo de sesenta días para hacer efectivo el pago.
El entonces edil de alumbrado público reconoce en su declaración que los trabajos cuyo abono reclamaba Daviña fueron realizados en el plazo y con la calidad solicitada por el Concello, que fue él el que contrató las obras, cuya firma aparece en las facturas, y que «fueron realizadas con prisa por las elecciones , y que se adjudicaron directamente, sin concurso y sin que exista acuerdo escrito autorizando las obras». García Paz incidió, según recoge la sentencia, «en la necesidad de las obras, y que el alcalde, de palabra, le autorizó para contratarlas».
La sentencia dice que «a pesar de todas las anomalías que existieron en el encargo de la realización de las obras , tanto de la prueba practicada como del resto de los indicios y circunstancias antes referidas, se llega a la conclusión de que efectivamente existió tal encomienda, que se realizaron las obras a satisfacción de quien las encargó, como representante de la junta de gobierno local en aquel momento previo a la celebración de las elecciones, y que no obstante no fueron abonadas».
El alcalde de Viveiro, Melchor Roel, señaló que el concello no recurrirá «porque es verdad que las obras se hicieron, aunque se marcharon sin aprobarlas, y el propio testigo reconoce que no había consignación presupuestaria». Advirtió que el Concello tendrá que recurrir a un crédito, «llegar a un acuerdo financiero y hablar con la Xunta» para asumir el pago de los 3,2 millones de facturas pendientes de la etapa del PP.
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