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- 26 de enero del 2007
FERROL
El fiscal imputa por allanamiento al jefe de Demarcación de Costas
La Abogacía del Estado pide el archivo de la causa por el derribo de casetas en Vilarrube
El letrado de los afectados sostiene que hubo tantos delitos como demoliciones
OVIDIO NAVEIRA
?l ingeniero jefe de la Demarcación de Costas de Galicia compareció ayer ante el juez para declarar en torno al derribo de 36 casetas situadas en la playa de Vilarrube, efectuado a finales de noviembre de 2005. La Abogacía del Estado, que envió una letrada, ha decidido defender al funcionario por entender que en el expediente administrativo seguido durante años para proceder a la demolición no se cometió infracción alguna y, por ello, ha solicitado de la jueza instructora el archivo de la causa.
Por su parte el representante del Ministerio Fiscal estima que se pudieron producir delitos de allanamiento de morada, sin concretar el número, o de inviolabilidad de domicilio.
A su vez, el letrado nombrado por los afectados imputa a Rafael Eimil, jefe de Costas, tantos delitos de allanamiento como casetas derribadas, es decir, 36, y pide la continuación de las diligencias.
La comparecencia de Rafael Eimil en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 6 de Ferrol estuvo acompañada de una pequeña protesta de los afectados, que se concentraron en los pasillos de la oficina judicial, pero que no pudieron estar presentes durante sus declaraciones ante la instructora porque el fiscal se opuso al estimar que con la presencia de su abogado en la sala era suficiente.
La Administración sostiene que durante todo el procedimiento previo, incluso hasta llegar al Tribunal Supremo, siempre se le dio la razón a Costas. Se trata de construcciones realizadas en el dominio público marítimo terrestre
En noviembre del 2005, la Demarcación decidió acometer la demolición de las casetas y adjudicó a Tragsa su ejecución, tras comunicarlo a los afectados, uno por uno. Este criterio, defendido por la Abogacía del Estado, tendría como único inconveniente el que se carecía de permiso judicial para entrar en las construcciones, si se consideran viviendas.
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