
La Cámara solicita que se controlen los problemas sanitarios causados por las descargas
«Estamos contentos, pero al pie del cañón:no dejaremos de vigilar», dicen los vecinos de Os Castros
?l pleno del Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad instar a la Autoridad Portuaria de A Coruña a aplicar la normativa medioambiental sobre las descargas de graneles sólidos y a agilizar la construcción y entrada en funcionamiento de sistemas cerrados para la descarga y almacenaje de carbón.
La proposición no de ley, defendida por el diputado del BNG Carlos Aymerich, incluye también la realización de un seguimiento de la calidad del aire de los barrios afectados, así como del estado sanitario y de los problemas que la contaminación provoca en niños, personas mayores y enfermos.
El acuerdo respaldado por los tres grupos políticos de la Cámara se trasladará a la Autoridad Portuaria a través de los representantes de la Xunta en el Consejo de Administración, que subrayarán la obligatoriedad de cumplir las normas de manejo y almacenaje del coque y el carbón.
La Plataforma Anticarbón se mostró ayer satisfecha por el respaldo obtenido, pero indicó que «ahora sólo falta que lo cumplan», subrayó Mariló Prado, portavoz del colectivo. «Seguimos al pie del cañón y no dejaremos de vigilar», señaló antes de mostrar su confianza en que la Medusa, donde se manipulará el carbón de Unión Fenosa (alrededor del 70% del volumen total que se mueve en el puerto), esté finalizada en abril. Antes, en el plazo de un mes, «estaremos pendientes de si, tal y como estaba previsto, se instalan en el Centenario los cañones para impregnar con laca la mercancía de Endesa e impedir que se levante polución», indicó. De lo contrario, «la Autoridad Portuaria les tendrá que decir que se vayan», consideró.
La Autoridad Portuaria, por su parte, aseguró «con toda rotundidad -subraya en un comunicado- que en el puerto de A Coruña se cumplen todas las normativas medioambientales vigentes» e incluso se aplican medidas más restrictivas que las establecidas por la legislación. No obstante, mostró su total disposición a colaborar con las instituciones y anunció que en los pliegos reguladores de las concesiones incorporará requisitos de protección del entorno «más allá de lo exigido por la normativa vigente».
En el debate de la proposición en la Cámara, Aymerich recordó que el problema de las descargas comenzó en los años 90, y el continuado aumento de las descargas «incontroladas» animó el movimiento vecinal y las protestas masivas.
Aludió también a las promesas incumplidas, «como a do pazo do carbón, que se foi retrasando e que só vai cubrir unha parte do tráfico de graneis, xa que quedará fóra o xofre, clínker e cemento», y criticó que, al tiempo que se incumplían las normativas medioambientales, algunos vecinos «foron levados ao xulgado polas súas protestas». A este respecto, el diputado denunció que el actual delegado del Gobierno «seguise adiante coas sancións de 5.000 euros impostas polo anterior á asociación de veciños Oza-A Gaiteira-Os Castros». +
Sobre la actitud de otros partidos, el parlamentario nacionalista fue especialmente crítico ante la actitud de la diputada popular, ya que «cando era delegada de Pesca tiña a boquiña pechada e agora, na oposición, denuncia estes feitos», subrayó.
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