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- 07 de septiembre del 2005
FERROL
La reclamación del IBI a Navantia por el Concello continuará adelante
La jueza deniega la suspensión de acuerdo municipal que solicitó la Abogacía del Estado
El Ayuntamiento pretende no abonar el IRPF de la plantilla si la ex Izar no paga el impuesto
La jueza de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol ha desestimado el recurso formulado por la Abogacía del Estado que solicitaba la suspensión del acuerdo del Concello sobre el impuesto del IBI de la antigua Bazán. El 28 de enero pasado, el Concello de Ferrol acordó utilizar la vía de «compensación de deudas» entre el Estado y el Instituto Municipal de Hacienda a favor del erario local.
La autoridad municipal entiende que puede retener el IRPF de la nómina del personal municipal por una cuantía semejante a la deuda tributaria que, a su entender, tiene el Estado con el Concello. Asciende, según el Ayuntamiento, a 330.506 euros por el IBI del año 2002. Ante este acuerdo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria inició un recurso Contencioso-Administrativo ante el juzgado correspondiente de Ferrol y solicitó la suspensión cautelar del acuerdo recurrido.
El fondo del asunto
La jueza Cristina María Paz Eiroa, sin entrar en el fondo del conflicto, dice en su auto de respuesta que no ha lugar a la petición realizada por la Abogacía del Estado (que representa a la Agencia Tributaria). La jueza dice en su resolución que la Abogacía no acreditó los fundamentos y circunstancias que justifiquen los perjuicios en cuya base se solicita la mencionada suspensión cautelar. Paz Eiroa cita como fundamento legal a su contestación sentencias del Tribunal Supremo y lo previsto en la LEC (Ley de enjuiciamiento Civil) sobre la misma materia.
La Abogacía del Estado, no obstante, puede apelar este auto de la jueza de Ferrol ante la sección correspondiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Dada la coplejidad de este tipo de reclamaciones por la vía Contenciosa, existe otro procedimiento abierto por el mismo impuesto (IBI) del ejercicio 2003.
En todo caso, aunque prospere la pretensión municipal de utilizar la vía de la «compensación», la Abogacía del Estado sostiene que esta operación contable no puede ser decidida unilateralmente por la autoridad municipal.
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