
El 90% de los electrodomésticos fuera de uso que se generan no recibe ningún tratamiento
Los principales municipios cuentan con «puntos limpios» subvencionados por la Xunta para la recepción de estos objetos
M. MORALEJO
Bajo el principio de «quien contamina paga», desde el pasado 13 de agosto, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos están obligados a hacerse cargo del material fuera de uso para reciclarlo.
Pero las empresas creen que la normativa no se podrá cumplir. El problema radica, según fuentes de la Asociación provincial de Empresas Medioambientales (Aproema), en la ausencia de un registro de productores al que obliga la ley y que determina quién es el responsable del futuro reciclaje y, por otra parte, en la ausencia de requisitos para que las empresas puedan reciclar.
Para Aproema, «el retraso es responsabilidad de la Administración. Nosotros estamos listos», afirma la asociación.
En la mayoría de las grandes ciudades, la lentitud burocrática se suplirá con la existencia de puntos limpios, o centros autorizados, generalmente de gestión municipal, para la recepción de residuos que no entran en la recogida selectiva.
La principlaes ciudades gallegas cuentan con puntos limpios subvencionados por la Xunta de Galicia. No es este el caso de Vigo, a pesar de que existe una vieja propuesta de las empresas medioambientales de instalar uno de estos puntos limpios en la zona de Zamáns.
A pesar de la falta de insfraestructuras, la ley ya en vigor obliga a las empresas fabricantes e importadoras a responsabilizarse de sus productos una vez agotado su ciclo de vida. Para ello tendrán que organizar y financiar sistemas operativos de recogida, tratamiento y reciclaje de los residuos.
El comercio minorista cuenta ya con su propia red de recogida de este tipo de aparatos eléctricos, ya que la ley les obliga a hacerse cargo de los electrodomésticos que los clientes devuelven fuera de uso.
Servicio de pago
Los consumidores podrán, como hasta ahora, entregar el material usado de forma gratuita. No obstante, en los nuevos electrodomésticos que se compren tendrán que correr con parte del gasto de reciclaje, que aparecerá reflejado en la factura. La medida contará con la aportación de los productores para minimizar el coste hasta 2011 de los pequeños electrodomésticos y hasta 2013 para los grandes. La normativa fija porcentajes mínimos de recuperación que deberán entrar en vigor no más tarde de 2006, que se sitúan entre el 70% y el 90%, según la categoría del producto.
A día de hoy, en el área de Vigo, el 90% de los residuos electrónicos termina sin ningún tratamiento previo en vertederos o trituradores, por lo que la descontaminación y reciclado de estos productos constituye uno de los principales objetivos de la directiva. A partir de ahora, los residuos deberán ser llevados a centros de tratamiento autorizados donde sean procesados de acuerdo a las normas.
Mientras la media en España indica que se están reutilizando 3,8 kilos de aparatos electrónicos por persona, los datos de que dispone la Consellería de Medio Ambiente hablan de la recogida y tratamiento de una cifra aproximada de 216 toneladas el pasado año, lo que supone alrededor de 0,2 kilos por habitante, una cifra muy alejada de los cuatro kilos a los que pretende llegar la nueva ley antes del 2007.
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