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  • 02 de diciembre del 2004
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Galicia podrá sentarse este año en un Consejo de la UE

La participación de las comunidades en Bruselas se ceñirá a cuatro ámbitos
Tres diplomáticos españoles tratarán los asuntos que afecten a las comunidades



Santiago acogió en octubre la primera cumbre bilateral con presencia de autonomías

				XOÁN A. SOLER

El Ministerio para las Administraciones Públicas y las comunidades autónomas perfilaron el pasado miércoles un acuerdo marco para regular la participación de las regiones en los Consejos de Ministros de la UE. Esta decisión, pendiente de ser ratificada el día 9 en el Senado, podría permitir que Galicia estrenase su asiento en Bruselas antes de finales de año, coincidiendo con la reunión comunitaria en la que se negociarán las cuotas pesqueras para el 2005.

Entre los modelos de participación regional que estaban en discusión, el Gobierno central optó por «el más ágil y flexible», según fuentes de la negociación, que también era el preferido por la Xunta. De este modo, decayeron propuestas como la de regular la representación de las comunidades en los Consejos mediante períodos rotativos, que podría llevar a Castilla-La Mancha, por ejemplo, a representar al resto en una negociación pesquera.

La fórmula no será esa, sino otra bien distinta. Para empezar, la Representación Permanente de España ante la UE dispondrá de tres consejeros (diplomáticos) que se ocuparán de los asuntos que afectan más directamente a las comunidades autónomas. Estos funcionarios podrán asistir a las reuniones preparatorios de los Consejos y a los grupos de trabajo. Cuando se celebre el Consejo de la UE propiamente dicho, España cederá uno de sus cuatro representantes a las regiones, un representante que será designado por consenso -según el interés puntual- por todas las comunidades.

En principio, el Gobierno abrirá el melón de la UE a las comunidades sólo en cuatro ámbitos competenciales: Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Asuntos Sociales y, finalmente, Educación, Cultura y Juventud. En cambio, los Consejos de Asuntos Exteriores, Transportes, Economía, Defensa o Justicia e Interior seguirán siendo áreas vetadas a las comunidades.

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