Condenado por retener a un niño árabe con permiso de sus padres

Los progenitores cedieron la custodia del menor al acusado
Los tribunales españoles rechazaron el poder paterno al no reconocer la república saharaui

• Autor del comentario:

  López Penide

  Localidad:

  pontevedra

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RAMÓN LEIRO

A Un vecino de Vilgarcía de Arousa de 47 años de edad, Rafael Barcala Santiago, aceptó ayer una condena de seis meses de prisión por prolongar durante cuatro días más de lo permitido la estancia de un niño saharaui en su casa a principios de septiembre de hace dos años.

El procesado adujo que contaba con un poder paterno que le cedía la custodia del menor a cambio de que le propocionase una educación y la posibilidad de tener opción a acceder a un futuro mejor del que disfrutan muchos niños saharauis, pero la legislación española no se lo permitió.

Barcala Santiago y su familia participaron entre julio y agosto del 2000 en un programa de acogida de niños árabes. «Era un proyecto humanitario en el que los únicos beneficiados eran el menor y sus padres», apuntó ayer la mujer del procesado.

Llegó el 6 de septiembre y, a diferencia del resto de los niños del programa Vacaciones en Paz 2000, el acogido por Rafael Barcala no subió al avión que partió de Santiago. El imputado, malaconsejado por un letrado arousano -dice él-, dio validez a un poder remitido por los padres del menor y avalado por los tribunales de la República Árabe del Sáhara, y retuvo al chico durante cuatro días.

Finalmente, la Asociación Gallega de Ayuda al Sáhara recurrió a la vía judicial y el procesado no tuvo más remedio que entregar al menor. Posteriomente, esta organización trató de retirar la denuncia pero la Fiscalía decidió actuar de oficio. «Pensé que la cosa iba a quedar en nada», indicó una de las responsables de la citada asociación humanitaria.

El ministerio público argumentó su petición de pena en el hecho de que el poder remitido por los progenitores del niño no tiene validez en España, ya que la República Árabe del Sáhara no está reconocida oficialmente.

El abogado del encausado matizó que «no hubo retención. Lo que hubo son unas súplicas de unos padres para que su hijo se quedase en España». El problema es que «la opinión de la familia no se tuvo en cuenta».

Tras indicar con cierta ironía que «en caso de llegar a juicio, sería más lo que tendría que pagar que la pena impuesta», Rafael Barcala lamentó que después de este episodio no tendrá opción a nuevas acogidas.