La Voz de Galicia

Fomento afirma que no hay carreteras gratis y que se pagan con impuestos o por su uso

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«No existen infraestructuras viarias gratuitas: o se pagan con impuestos por todos o se pagan a través del sistema de peaje, por los usuarios». Esta es la tesis del Ministerio de Fomento, que salió ayer al paso de la polémica que se ha desatado en buena parte del territorio español por la subida de los peajes de las autopistas, reconociendo únicamente un incremento de las tarifas en un 3,8%, ya que el aumento del 7% al 16% del IVA se atribuye exclusivamente a una sentencia del Tribunal Europeo.

El Ministerio de Fomento reiteró que el peaje ha demostrado ser el sistema de financiación de infraestructuras más útil y eficiente, y el mejor mecanismo para alcanzar el doble objetivo de la inmediatez en la puesta en disposición de las mismas, así como en el aumento de las cotas de bienestar debido a la apertura de redes viarias más modernas rápidas y seguras. Así las cosas, Fomento sólo reconoce un incremento de los peajes en las autopistas de un 3,8 por ciento a causa de la revisión anual establecida por la Unión Europea (UE).

Fallo judicial

El resto, el 9% a mayores del IVA, responde al cumplimiento de un fallo del Tribunal Europeo, de 18 de enero del año pasado, por la que se obligaba a España y a otros países europeos a aplicar un impuesto en el pago de estos peajes del 16%, en lugar del tipo reducido del 7% que tenían establecido. Sin embargo, cabe recordar que fue el Ministerio de Fomento el que, como imposición de Pujol para la investidura de Aznar en su primer mandato, redujo en 1997 la aplicación del IVA del 16 a 7 por ciento.

Fomento insistió ayer en que el peaje es una forma de financiación generalizada en los países del entorno comunitario y que en ello se ha basado el Tribunal Europeo de Luxemburgo para establecer un tratamiento fiscal homogéneo.

Desde el organismo que dirige el asturiano Francisco Álvarez Cascos se insistió en que la revisión anual de los peajes de las autopistas dependientes de la Administración Central se establece conforme a la normativa vigente, en función de la evolución del índice de precios al consumo (IPC) y del tráfico en cada concesión durante los últimos doce meses respecto al que figura en el plan económico y financiero de la misma.