
El BNG y la Coordenadora en Defensa dos Ríos presentaron alegaciones contra el Plan Hidroeléctrico de la Xunta y piden su retirada
El Plan Sectorial Hidroeléctrico de las Cuencas Hidrográficas Galicia-Costa de la Xunta de Galicia considera de interés hidroeléctrico diez tramos de ríos de las comarcas de Deza y Tabeirós. Esto supone que se podrán construir nuevos embalses en cualquiera de sus cauces fluviales. El Bloque Nacionalista Galego presentó en los ayuntamientos cinco alegaciones contra este plan hidroeléctrico y pide su retirada. Por su parte, la Coordenadora Galega para a Defensa dos Ríos (Cogader), de la que forma parte Antiencoros do Ulla, también alegó y solicita la reelaboración del plan teniendo en cuenta los sectores sociales implicados.
MARCOS MÍGUEZ
El Plan Sectorial Hidrolóxico elaborado por Augas de Galicia permitirá la construcción de embalses o minicentrales en tramos de los ríos Ulla, Deza, Furelos, Pambre, Arnego, Oisa, Toxa, Escuadro, Cervañiña y Liñares.
Esta plan afectará, según recoge en sus alegaciones el BNG, a 58 núcleos rurales y a ocho urbanos. Entre ellos se encuentran el polígono industrial de Silleda, parte del núcleo urbano, todas las aldeas situadas a ambos lados de la estación depuradora silledense, el núcleo de Merza y la playa fluvial de A Carixa. Los nacionalistas piden en sus alegaciones que se excluya como río de interés hidroeléctrico el Oisa ya que afecta a infraestructuras básicas de Silleda, así como por su escaso caudal y proximidad a la villa. Lo mismo solicitan respecto a un tramo del Deza, para que no afecte a la playa de A Carixa ni a Merza.
Supramunicipal
Además, el plan sectorial, para simplificar al máximo los trámites necesarios para la autorización de la construcción de pantanos, los declara de incidencia supramunicipal. Esto supone, que el Concello dejará de ser el encargado de otorgar la licencia de obra. Además, obliga a las localidades a cambiar su plan urbanístico para permitir estas instalaciones hidroeléctricas. El BNG critica duramente este cambio lo que considera «un atentado contra a autonomía e as competencias municipais e unha aldraxante subordinación ás promotoras». Indica que esta medida, además de reducir los ingresos de las administraciones locales, le aumenta los gastos al tener que modificar su planenamiento urbanístico.
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