televisión La chapuza se instala en la TDT

La televisión digital terrestre apura sus plazos antes del definitivo apagón, previsto para abril del próximo año, en el que el sistema analógico pasará a la historia. Para el usuario, este cambio implica habilitar su vivienda con la tecnología necesaria para poder ver este nuevo sistema, una conversión vital porque el cambio es irreversible.

La antenización, como se le ha denominado técnicamente a este proceso, debe realizarse tanto en viviendas unifamiliares como edificios. Y es que en este último grupo, en el que se encuentran el mayor número de usuarios, es donde surgen los problemas.

Expertos en la instalación de comunicaciones alertan sobre el intrusismo existente en este sector profesional. Electricistas, carpinteros e incluso fontaneros han llegado a intentar adaptar los sistemas para que en los hogares puedan tener acceso a la TDT, sin estar preparados ni cualificados para ello.

La denuncia la realizaba Miguel Ángel García, director general de la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones (Fenitel), en un congreso celebrado recientemente en Valencia. Y se trata de una práctica común en todas las comunidades autónomas.

El Ministerio de Industria creó un registro de empresas autorizadas para posibilitar el acceso a esta nueva tecnología. Para que les sea concedido el permiso, deben de acreditar la capacitación profesional de sus trabajadores, contar con los equipos necesarios y con los seguros que cubren cualquier contingencia. En Galicia hay más de ochocientas que cumplen estos requisitos, distribuidas en las cuatro provincias. «Los usuarios deben tener en cuenta que lo barato puede salir caro», explica Susana Vila, presidenta de la federación gallega de instaladores. «Ninguna empresa no autorizada se va a responsabilizar del trabajo realizado, ni de los problemas que puedan surgir».

Boletín

Los servicios reconocidos por el Ministerio de Industria deben elaborar un presupuesto, ajustarse a él, y presentar un boletín de inspección que acredite el trabajo realizado. Este documento es esencial para poder realizar cualquier reclamación. «Si no lo ofrecen deben negarse a pagar la factura», comenta Vila.

El coste medio por habilitar un edificio oscila entre los 500 y 600 euros, unos 50 por cada piso en bloques colectivos. Este precio no varía sustancialmente del que cobran las empresas no autorizadas. Entonces ¿cúales son las razones que llevan a una comunidad o a un propietario a recurrir a los conocidos coloquialmente como chapuzas?

El presidente de Fenitel, Miguel Ángel García, apunta a algo tan común como el «amiguismo», una opinión que comparte Manuel Pereira Pola, jefe de la Inspección de Telecomunicaciones de Pontevedra. «Conocemos a alguien de nuestra confianza, que se nos ofrece y le encargamos un trabajo muy específico sin valorar las consecuencias». Pereira recalca que este tipo de instalaciones son muy complicadas y se necesita personal cualificado. «Por eso, la Administración ha creado este registro, porque un indocumentado puede hacer un estropicio difícil de solucionar».

Estas prácticas están duramente castigadas, con multas, que según los casos, pueden llegar al medio millón de euros. Pero hasta ahora no se han presentado denuncias por intrusismo, a pesar de ser una actividad extendida y conocida. «Hasta hora, solo tuvimos una, de una empresa autorizada sobre otra que no lo era y no se pudieron comprobar los datos, porque la comunidad de vecinos no la apoyó».