El Gobierno se inclina por no disolver a la fuerza a los indignados

Más de 19.000 personas enmudecieron ayer en la Puerta del Sol mientras sonaban las 12 campanadas. La jornada de reflexión arrancó con los miles de integrantes del Movimiento 15-M desafiando el dictamen de la Junta Electoral Central que prohíbe las concentraciones multitudinarias que se están celebrando en toda España. Tal y como se preveía, la policía empezó a informar a los indignados de que cualquier movilización es ilegal por celebrarse un día antes de las elecciones, aunque la presión de las fuerzas de seguridad no fue más allá de la simple advertencia.

Horas antes, tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional habían rechazado sendos recursos -uno presentado por Izquierda Unida y otro de un abogado de Murcia- que pretendían desactivar la decisión de la Junta Electoral. La vía judicial está ya, por tanto, cerrada.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, evitó ayer dar una respuesta concreta cuando se le preguntó si se iban a permitir las concentraciones, aunque dejó entrever que no se disolverían. Aseguró que la policía hará cumplir la ley, pero también que tomará sus decisiones «en función de lo que pase».

Según afirmó el vicepresidente, que abandonó todos sus actos de campaña para gestionar esta crisis, las fuerzas de seguridad actúan siempre siguiendo los principios de «oportunidad, congruencia y proporcionalidad» y nunca resuelven un problema creando otro.

Actuar con inteligencia

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se limitó a afirmar que lo que quiere el Ejecutivo es «que se garanticen todos los derechos y también se respete la jornada de reflexión» y que Interior actuará «con inteligencia», al tiempo que se mostró comprensivo con las protestas, de las que se considera «el principal interpelado».

Pese a la cautela de Rubalcaba, todo indica que el Gobierno no ordenará disolver las concentraciones a no ser que los propios manifestantes usen la violencia, algo que, hasta la noche de ayer, no había sucedido. Eso es lo que recomienda un informe de la Abogacía del Estado. Fuentes del Gobierno consideran que la ley que regula el derecho de reunión impide a las fuerzas de seguridad la disolución automática de cualquier manifestación pacífica aunque no esté autorizada. El Ejecutivo considera que esta doctrina está amparada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en una de sus sentencias pide a los poderes públicos «especial tolerancia» en torno a las manifestaciones pacíficas.

El PP instó por el contario al Gobierno a hacer cumplir el dictamen de la Junta Electoral Central y a impedir que las concentraciones continúen hoy y mañana. «Los españoles tenemos derecho a que se garantice la jornada de reflexión», aseguró la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

El grupo de acampados en la Puerta del Sol tampoco aclaró sus planes para hoy y anunció que optarán por la «resistencia pasiva» en caso de ser desalojados. Para tratar de sortear las trabas de la Junta Electoral, los indignados optaron por no hacer una convocatoria formal para manifestarse hoy, aunque no desalentarán a la gente para que acuda a todos los puntos de la geografía española donde se están organizando movilizaciones.

En el extranjero

La situación en la acampada madrileña era de tensa calma a la espera de que el Gobierno y las fuerzas de seguridad tomen una decisión. El movimiento de los indignados continuó su expansión por toda España, en donde hay ya 69 ciudades con plazas ocupadas. También aumentó ayer hasta 34 el número de ciudades en el extranjero en las que se convocaron concentraciones.

69

Acampadas

Hay concentraciones en 69 ciudades españolas

34

En el extranjero

La mayoría convocadas frente a embajadas españolas.

19.000

Personas en Sol

Es el cálculo que hizo la empresa Lynce para Efe.

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