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Acusan al expresidente de los constructores gallegos de estafar casi dos millones a un banco

El fiscal pide un año y medio de prisión para Fernández Presas


Pontevedra / La voz 23/09/2016 05:00

El que fue presidente de la Federación Gallega de la Construcción y fundador de Indeza, Ángel Fernández Presas, tiene el próximo jueves una cita en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de una supuesta estafa que le imputa la Fiscalía y que está vinculada con la solicitud de un crédito bancario de algo más de un millón de euros.

La entidad, a principios del 2008, concedió este préstamo al encausado después de que este, siempre según el escrito presentado por el ministerio público, se hubiese comprometido a cancelarlo en el momento en el que la Consellería de Industria le abonase las cantidades correspondientes al justiprecio de la expropiación de la finca Permiso de Investigación Alberto I y que ascenderían a algo más de 1,1 millones de euros.

En este sentido, la acusación mantiene que, apenas unos días después, el acusado percibió 1.180.162 euros, cifra en la que se sumaron los intereses devengados. Sin embargo, «no solo no [lo] comunicó» a la entidad bancaria «con el propósito de no cancelar el crédito en su favor, sino que, llegada la fecha de vencimiento de la póliza [...], solicitó su novación por plazo de un año».

Es más, en este nuevo contrato, insisten desde la Fiscalía de Pontevedra, «se hizo constar expresamente que era titular del referido derecho de crédito frente a la Consellería de Innovación e Industria derivado del pago del justiprecio». De igual modo, aquel 20 de febrero del 2009, supuestamente manifestó «no haber recibido cantidad alguna por tal justiprecio, intereses y demás conceptos».

Un año después, y dado que de nuevo vencía el contrato, «se suscribió ante notario otra novación», de tal modo que se amplió el plazo de vencimiento en otros doce meses. En esta ocasión, se plasmó por escrito «como condición esencial» que el acusado cedía en beneficio de la reseñada caja de ahorros el derecho de crédito frente a la consellería citada.

A mayores, en el pertinente informe de riesgos se reflejó que «la capacidad del solicitante para poder llevar a cabo la cancelación de la póliza de crédito vendrá por el cobro de la indemnización» que, en principio, «aún no se había recibido».

La conclusión a la que llega la Fiscalía de Pontevedra es que, con su forma de actuar, el encausado «ocasionó a la entidad bancaria en la que pidió el crédito un perjuicio total de 1.890.166,12 euros». De este modo, esta es la cifra que el ministerio público considera que debe abonar ahora al banco en concepto de indemnización, una cifra a la que suma los intereses legales que se hubieran podido generar a lo largo de los últimos años.

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Audiencia Provincial
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