Seguramente los casos de supuesta corrupción política que más suenan en Galicia son el del Igape y el caso Campeón, y la operación Arena, que investiga un presunto tráfico de influencias entre un empresario y un diputado. Pero hay muchos más casos de políticos que tienen que vérselas con la Justicia.
En Pontevedra, al alcalde de Portas, Roberto Vázquez Souto, por supuesta falsedad en documento mercantil y contra Hacienda, el fiscal le pide cárcel e importantes multas.
En Ourense, dos ex tenientes de alcalde del BNG y un ex director general (Alexandre Sánchez Vidal, Andrés García Mata y David Cortón) están imputados por falsedad, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho por la adjudicación sin concurso de la instalación de paneles informativos en la ciudad. El exalcalde de Punxín, Alfredo Cruz (PSOE), deberá cumplir, tras serle negado el indulto, una condena por despedir a una trabajadora que era candidata del PP. También el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), está pendiente de indulto. Fue condenado por prevaricación por unas obras en el entorno de un monasterio protegido. En Manzaneda, el exalcalde, Antón Núñez (BNG), está imputado por amenazas a su socio de gobierno socialista.
En Deza, el alcalde de Dozón, Adolfo Campos, está a la espera de la resolución de una querella del 2006 por negar una licencia.
En la Costa da Morte y Barbanza, la operación Orquesta implica a los alcaldes de Fisterra, Mazaricos, Cee y Corcubión, además de a dos concejales de Fisterra y dos de Cee. Por unas supuestas obras de más en la Casa de Cultura de Vimianzo están imputados un edil y tres exediles socialistas. Y el alcalde de Camariñas está incurso en una denuncia del PP por una supuesta contratación irregular de seguros.
El exalcalde de Ares, José Manuel Cendán (PP), espera sentencia por supuesta manipulación del censo electoral en el 2003. El exalcalde de Fene, Xosé María Rivera Arnoso (BNG), tiene un proceso penal por certificar como finalizadas unas obras sin concluir. La exalcaldesa de Cabanas, Modesta Anca, fue condenada en el 2008 por corrupción urbanística al aprobar la licencia para una urbanización de chalés que no coincidía con el proyecto inicial.