Un plus blindado para más de 200 altos cargos

serafín lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

El retorno de personal de confianza de la época de Fraga deja los perceptores en 142

21 dic 2011 . Actualizado a las 06:00 h.

Es probable que el plus de altos cargos sea el único concepto susceptible de recorte que la Administración gallega no se ha planteado revisar. Ni lo ha hecho el Gobierno de Feijoo ni se lo ha reclamado la oposición. El sobresueldo que PP, PSOE y BNG pactaron en julio del 2007 para premiar a los funcionarios que ocuparon puestos de confianza política sigue ajeno a la tijera, en contra del criterio de comunidades como Extremadura, que lo suprimirá en enero. Facenda sostiene que 213 funcionarios tienen reconocido ese extra, pero aclara que solo lo están cobrando 142. La diferencia se explica en parte por el retorno de personal de confianza de la etapa de Fraga.

¿Cuál es el origen del plus en Galicia y a quién favorece esa retribución?

El plus de los altos cargos es un complemento salarial que Galicia adoptó con motivo de la reforma de la Lei da Función Pública que el bipartito promovió hace cuatro años. Los tres grupos parlamentarios consensuaron la medida y la incorporaron al texto por la puerta de atrás, en la fase de tramitación parlamentaria. Esta retribución, cuyo importe se calcula en función del complemento de destino que establecen los Presupuestos del Estado para los directores generales, beneficia al personal que haya ocupado un alto cargo en la Administración en dos años consecutivos o tres alternos.

¿Qué importe tiene el complemento salarial y cómo se determina?

El importe del plus está ligado al nivel que tiene reconocido el funcionario que lo percibe a través del complemento de destino. Oscila entre 3.500 euros brutos al año para los de nivel 30, que es el más alto en los cuerpos generales de la Administración, y puede llegar a 14.400 en el caso poco frecuente de que un funcionario del cuerpo de subalternos del nivel 10 sea alto cargo. Pero hay otros supuestos en los que el plus conlleva un sobresueldo apreciable. Un médico que haya ocupado un alto cargo en la Xunta percibirá en el retorno a su profesión 10.300 euros más que sus compañeros. A un profesor de secundaria el plus le garantiza 9.100 euros adicionales; y a un ATS, 11.600. Facenda subraya que la mayoría de los 142 perceptores del extra son altos funcionarios, por lo que sus ingresos por esa vía están en la parte baja de la horquilla, 3.500 euros brutos.

¿Cuánto aumentaron los perceptores tras el relevo en el Gobierno gallego?

A tenor de las cifras que facilita la Xunta, poco. El anterior Gobierno computó en su último balance 122 perceptores. El actual habla de 142, aunque puntualiza que 213 lo tienen reconocido. Esta situación se produce porque medio centenar de altos cargos nombrados por Feijoo proceden de la época en la que era presidente Manuel Fraga. Muchos tienen reconocido el derecho a cobrar el plus, pero no lo harán hasta que retornen a sus actividades profesionales.

¿Es posible fiscalizar el número de beneficiarios y el coste de esta paga?

No. Es completamente opaco. Al no figurar en los Presupostos, la única fuente para determinar el número de perceptores del plus y lo que cuesta a las arcas autonómicas es la Xunta. Al igual que el bipartito, el actual Gobierno esgrime que este concepto no puede desglosarse en las cuentas porque está incluido en el complemento de destino de cada funcionario. En el caso de que los 142 perceptores cobraran la cuantía mínima, el plus tendría un coste de unos 500.000 euros anuales. Pero la hipoteca supera esa cifra.

¿Descarta la Xunta emular a Extremadura y liquidar el plus?

Parece que sí. Aunque la supresión del sobresueldo fue una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo presidente extremeño, el popular José Antonio Monago, en la agenda de Feijoo no figura imitar sus pasos. El jefe del Ejecutivo gallego recordó en septiembre que el plus se puso en marcha con un consenso de los tres grupos parlamentarios que permanece intacto en ese sentido. Como el anterior Gobierno, el actual señala que es una retribución vigente en otras comunidades, pero descarta seguir el ejemplo de las que deciden liquidarlo.

¿En qué quedaron la contestación sindical y el desmarque político?

En nada. Chocaron con el férreo blindaje político del plus. La contestación social llevó al BNG a canalizar a través de la CIG un sibilino desmarque del sobresueldo. El sindicato nacionalista reunió 20.000 firmas necesarias para avalar una iniciativa legislativa popular, pero PP y PSOE sumaron fuerzas para tumbarla. Ni la crisis ni la austeridad han reabierto este debate.

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