ejando fuera la realidad o no del ahorro de la privatización del control aéreo en algunos aeropuertos y sus requisitos legales, lo cierto es que cara al usuario la medida no debería tener ninguna consecuencia. Por imperativo legal, el control del tráfico aéreo debe realizarse siempre por profesionales con una licencia expedida por la autoridad aeronáutica, por ello sus capacidades están reconocidas y garantizadas, independientemente de quien sea su empleador, y siempre existirá una responsabilidad última del Estado. Otra cuestión podrá ser las mayores o menores ventajas para los controladores que su empleador sea el Estado o un particular. Será el tiempo el que determine la eficacia de la medida, pero en principio no debe suscitar dudas sobre la calidad del servicio.
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