Los sindicatos la acusan de querer ahorrar dinero
13 sep 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Una buena parte de los 1.700 brigadistas temporales que cada verano trabajan en la lucha contra el fuego, y que pertenecen a la empresa pública Seaga, han empezado a recibir cartas en las que se les comunica la conclusión de un vínculo laboral que otros años finalizaba el 30 de septiembre, justo cuando concluía la temporada de máximo riesgo de incendios que se inicia el 1 de julio.
Medio Rural explicó ayer que se trata de desvinculaciones progresivas que se producen todos los años y recuerda que siempre se adopta una estrategia de incorporación o repliegue paulatino en función de las necesidades que tenga el servicio de prevención y extinción de incendios. «No hay nada extraordinario en estas comunicaciones que extinguen una relación laboral eventual», explicó ayer la Consellería do Medio Rural.
Un posicionamiento que cuestionan los sindicatos, que ven en esta decisión una estrategia deliberada de la Xunta para ahorrar dinero en nóminas durante un mes de máximo riesgo de incendios. Según las centrales, la gran mayoría de los 1.700 trabajadores estarán fuera en los próximos días. «Queren aforrar a costa dos empregados eventuais», señalaba Paulo Rubido, de la CIG. Odón López, de Comisiones Obreras, añade que aunque el pasado año hubo desvinculaciones progresivas, este ejercicio, a diferencia de otros, casi ningún brigadista va a cumplir dos meses y medio de trabajo. «Hay algunos que no llegan ni a dos, es decir, que está todo muy calculado para ahorrar lo máximo posible en el pago de las nóminas», puntualiza.
A lo largo de este verano, la Xunta y los sindicatos han protagonizado una guerra sobre la política antiincendios. Las centrales que representan a los trabajadores creen que hay una campaña urdida desde Medio Rural para deslegitimar el servicio público y abrir así la puerta a su privatización, algo que niega una consellería que ve en estas críticas oscuros intereses políticos para desgastar al Gobierno del PP. Mientras la Xunta cree que la disponibilidad de medios debe adaptarse a las circunstancias y a las demandas del servicio, los sindicatos consideran una temeridad que se desmantele un operativo antes de que concluya la temporada de máximo riesgo, que finaliza oficialmente el 30 de septiembre.