El conselleiro, que dirigirá el organismo, defiende «a profesionalidade» de los directivos
28 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Xunta movió ayer ficha y, desde la presunción de inocencia, apartó temporalmente de sus funciones al director xeral del Igape, Joaquín Varela de Limia, y al subdirector de Informacións Especializadas, Carlos Silva Liste, que están en libertad con cargos y a los que la jueza mantiene imputados en la operación Campeón, en relación con una supuesta trama para obtener subvenciones públicas.
La decisión la hizo pública ayer el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien reconoció haber dialogado a lo largo del día varias veces con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, antes de explicarse ante los medios, convencido de que el director xeral del Igape «demostrará su inocencia» y de que será retornable» a su puesto. Puntualizó que Feijoo se había mostrado «interesado y preocupado» por los acontecimientos.
La suspensión de funciones del director xeral lo es también de sueldo, en la medida en que tiene suscrito un contrato de alta dirección que no ejerce mientras esté suspendido, según explicó Guerra. El caso de Carlos Silva, que es funcionario, supone su cese en sus funciones y queda a disposición de la Secretaría Xeral del Igape.
Guerra indicó que ambos le hicieron este ofrecimiento tras declarar ante la jueza y él lo aceptó. El conselleiro justificó la decisión porque había sido tomada de «mutuo acuerdo» y para que puedan defenderse, aunque subrayó que con esta medida la Xunta pretende «preservar la imagen de la institución». «El trabajo de este organismo no se puede ver empañado por esta situación», si bien reiteró varias veces su confianza en los altos cargos imputados y les reconoció el trabajo realizado estos años.
La defensa del Igape constituyó el segundo pivote de la intervención pública de Guerra, en la medida que los mecanismos para conceder subvenciones «son muy estrictos» y deben pasar «hasta cinco filtros hasta que finalmente se aprueben». «Otra cosa es que alguien se quiera aprovechar, algo que no se puede permitir». El Igape maneja 300 millones al año y es el instrumento del Gobierno para apoyar a los sectores productivos.
No conocen las acusaciones
Guerra dijo que ni los propios imputados saben de qué se les acusa, pero, con la información de que dijo disponer, expuso que la jueza investiga un préstamo cuyo proceso de justificación todavía no ha finalizado. No concretó más porque los expedientes están en poder del juzgado. Precisó además que las subvenciones a fondo perdido concedidas a una de las empresas investigadas «no llegaron a ser pagadas» y que el préstamo «está garantizado por la hipoteca sobre las naves y la maquinaria», circunstancia que, a su juicio, impediría hablar de irregularidades.
El Igape no será minimizado por la Xunta. El propio Javier Guerra, como muestra de apoyo del Gobierno gallego a la entidad, anunció que él asumirá directamente las funciones de dirección del organismo para mantener su actividad, en la línea de ayudar a las empresas gallegas e impulsar el proceso de internacionalización.