El principal acusado, Jorge Dorribo, admite que presentó facturas ficticias para captar ayudas

Xosé Carreira LUGO / LA VOZ

GALICIA

Al empresario, que está en la cárcel, se le imputan un total de trece delitos. Los investigadores lo consideran el cerebro de una trama urdida presuntamente para la consecución de subvenciones.

27 may 2011 . Actualizado a las 11:01 h.

Hasta 13 delitos le imputa la jueza Estela San José al empresario lucense Jorge Dorribo Gude, que se encuentra en la prisión de Bonxe desde las primeras horas de la noche del miércoles. Los investigadores lo consideran el cerebro de una trama empresarial urdida presuntamente para la consecución de subvenciones de instituciones como el Igape.

Durante las dos horas de declaración ante la jueza, el empresario reconoció que fueron presentadas facturas ficticias, correspondientes a empresas de su propiedad, ante el Igape para la consecución de las ayudas. Estos documentos serían por cuantías que no se corresponderían con la realidad de las inversiones. Eso es, al menos, lo que sospechan los investigadores.

Dorribo le dijo a la magistrada que se encarga de dirigir la operación Campeón que este proceder lo seguía amparándose en el asesoramiento que le ofrecían desde un estudio que también está siendo investigado. El empresario lucense también puso de manifiesto, al parecer, que si presentaba las facturas de una manera anticipada era para tratar de reducir los tiempos de espera para la consecución de las ayudas.

Todo apunta, según algunas versiones, a que gracias a este sistema Dorribo supuestamente consiguió ayudas sin tener ejecutados los proyectos que previamente había presentado para optar a los fondos públicos.

Parece que los investigadores ya consiguieron probar que se justificó maquinaria y otra serie de inversiones en material, que no se corresponden con el importe de algunas facturas. Algunas llegaron a ser infladas más de un cien por cien, según expresaron diversas fuentes.

De todos modos, fuentes próximas al empresario encarcelado explicaron que en ningún momento Dorribo se declaró culpable de delitos que le imputan y dijo que si anticipó facturas o estas fueron ficticias se debió a las directrices que le dieron sus asesores en la materia. Indicaron que la mecánica seguida se basaba en el hecho de que las empresas necesitaban liquidez ante una situación de crisis y que lo que se hacía era anticipar los tiempos para lograr las ayudas públicas.

Las imputaciones efectuadas a Jorge Dorribo, trece en total, podrían confluir finalmente en menos delitos, según indicaron fuentes jurídicas. Sin embargo, destacaron que el delito de fraude de subvenciones, que parece ser el principal, supone una pena de cárcel que va de uno a cinco años. Pero este aspecto podría tener menos relevancia si se compara con la multa que lleva implícita, que podría ser de hasta seis veces la cantidad que se pruebe como defraudada por los acusados.