La UTE gallega formada por las firmas Copasa, CRC, COVSA y Taboada y Ramos es la adjudicataria. En 15 días se firmará el contrato de una obra que ha perdido más de cinco años en los despachos.
11 may 2011 . Actualizado a las 19:56 h.Un consorcio integrado por cuatro empresas gallegas ha sido seleccionada para construir la autovía Costa da Morte, por 745 millones de euros y con un plazo de concesión de 25 años, informó hoy la Xunta en un comunicado.
Las firmas Copasa, CRC, COVSA e Taboada y Ramos, son las adjudicatarias de la licitación de esas obras al haber presentado «la oferta más ventajosa entre la dos que se presentaran al concurso de concesión de la autovía», añade el Ejecutivo gallego.
Precisa que las obras de la autovía de un total de 42 kilómetros entre las localidades de Carballo y Berdoias permitirá un «ahorro» de 17 minutos del tiempo de recorrido y un «notable incremento de la seguridad para los usuarios», precisa la Consellería de Infraestructuras.
El trazado de la autovía discurre por los municipios de Coristanco, Cabana de Bergantiños y Zas, y una vez completada la construcción «mejorará directamente la calidad de vida de más de 118.300 habitantes de ocho municipios: Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Vimianzo, Zas, Dumbría, Cee e Fisterra», precisa el Gobierno autónomo en su comunicado.
Subraya que la adjudicación fue comunicada hoy a los contratistas, apunta que dentro de los quince días de plazo establecido por la legislación la Xunta prevé firmar el contrato, puntualiza que eso «posibilitará el inicio de las obras en junio» y expresa el «compromiso de que esté concluida en esta legislatura» la citada autovía.
Dos licitaciones previas fallidas
La obra de la autovía de la Costa da Morte acumula en su historial dos licitaciones fallidas y ha perdido más de cinco años en los despachos. Touriño llegó a poner la primera piedra del vial en diciembre del 2008, pero los adjudicatarios -la UTE integrada por Ferrovial y Taboada y Ramos- se vieron abocados a renunciar al contrato -ya con Feijoo en el Gobierno autonómico- por no obtener liquidez.