Multa de 1.200 euros y 10 meses sin carné para el edil del PP cazado ebrio

r. m. santiago / la voz

GALICIA

El concejal se conformó con la petición del fiscal

17 mar 2011 . Actualizado a las 23:00 h.

Diez meses de retirada del carné de conducir y una sanción económica de 1.200 euros, a razón de 10 euros diarios durante cuatro meses. Esa es la condena que el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago ha impuesto a Ángel Espadas, el concejal del PP que en la madrugada del pasado sábado fue sorprendido en estado de embriaguez en su coche tras quedarse dormido con el motor encendido ante un semáforo. Poco después daba un nivel de 0,79 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en el primer control de alcoholemia que se le realizó.

El edil se conformó con la petición del Ministerio Fiscal en el juicio rápido que se siguió contra él anteayer por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol, según el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En unos días se le requerirá el carné de conducir para la ejecución de una sentencia que se hizo pública el mismo día en que Espadas formalizaba su renuncia al cargo de concejal que desde el 2007 ocupaba por el PP en Santiago y desde el que se convirtió en una de las voces más destacadas dentro del grupo opositor en la condena del botellón y a la hora de denunciar la inactividad que en ese sentido los populares achacaban al gobierno local.

El caso Espadas ha generado una auténtica tormenta política en el Ayuntamiento compostelano a raíz de la filtración del atestado que recoge las circunstancias en que fue sorprendido el ya ex edil y ex candidato del PP a las próximas elecciones, dado que también ha renunciado a mantenerse en la lista electoral que encabeza Conde Roa y en la que iba de número 3. De hecho, la divulgación de dicho documento ya ha llegado al juzgado de guardia de Santiago para que la investigue, lo que judicializará todavía más la vida municipal de Compostela.

Ahora mismo gobierno y oposición mantienen otras dos causas judiciales: una denuncia del Partido Popular para que se investigue la adjudicación de una serie de obras y una querella del Ayuntamiento contra el propio Ángel Espadas por haber denunciado «una supuesta manipulación» del registro municipal.