FOMENTO Audasa no aceptará cambios en la AP-9 que desestabilicen sus cuentas

Audasa no está dispuesta a hacerse cargo de más obras en la autopista del Atlántico o a introducir programas de descuentos a sus usuarios frecuentes si con ello se pone en peligro el equilibrio financiero de la concesionaria del vial.

La concesionaria asegura que aún no tiene constancia de la proposición no de ley aprobada el miércoles por unanimidad en la Comisión de Fomento del Congreso, en la que se insta al ministerio a pedir a Audasa que aplique rebajas a sus usuarios habituales y que se eviten incrementos de peajes o el aumento del período de explotación de la autopista para sufragar la ampliación del puente de Rande o del tramo de circunvalación de Santiago. Pero de todas formas anticipa que cualquier cambio en la concesión tiene que someterse a una negociación con la Administración central para obtener contraprestaciones a cambio.

Desde el Grupo Itínere, en el que se integra Audasa, se indicó ayer que la Ley de Concesiones del Estado ampara el planteamiento de la empresa respecto a los cambios en la AP-9, al preservarse en dicho texto legal el equilibrio financiero de la explotación como uno de los parámetros que tiene que garantizar la Administración.

Itínere había mostrado hace semanas su disposición a introducir programas de descuentos a los usuarios frecuentes, como la misma empresa y otras concesionarias tienen en otros viales de pago del Estado, pero añadiendo que dichas rebajas tendrían que ser compensadas por Fomento.

Licitación de Rande

El ministerio adelantó ayer que cuando se proceda a licitar la ampliación de Rande se conocerá en parte el modo en que Fomento y Audasa pactarán la financiación de la obra sobre la ría de Vigo, cuyo importe en todo caso no tendrá que ser pagado a la concesionaria hasta el momento de la conclusión de los dos nuevos carriles del puente, trabajo estimado para el 2014.

Tanto la cobertura de esa obra, como la prevista en Santiago y la introducción en la AP-9 de los mismos descuentos de los que gozan los usuarios de autopistas en las demás comunidades autónomas, a juicio de Fomento deberían haberse negociado y logrado cuando el Gobierno central, entonces en manos del PP, concedió una nueva ampliación de la explotación de 25 años más -hasta el 18 de agosto del 2048- llegando a los 75 años de máximo que permite la Ley de Concesiones del Estado, a cambio de la continuación del vial en el norte de Ferrol.

«Ahora no hay capacidad para introducir cambios en esa explotación viaria, como sí tuvo entonces el PP, que curiosamente exige hoy lo que no hicieron ellos entonces», se reprocha desde el gabinete del ministro de Fomento.