Una guerra abierta por el ministro José Blanco en la que todavía se libran duras batallas

La Voz M. B.*+SANTIAGO/LA VOZ.

GALICIA

30 nov 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

A finales del pasado año, cuando la crisis económica arreciaba con toda su crudeza, con miles y miles de parados, saltó a la luz pública un dato conmovedor: el salario medio de los controladores aéreos, según datos de Fomento, se situaba en los 334.000 euros anuales. Medio país se echó las manos a la cabeza y José Blanco anunciaba una guerra sin cuartel contra los privilegios de un colectivo de trabajadores que habían encontrado en las horas extraordinarias un modo de engordar sus remuneraciones hasta extremos impensables para la gran masa de asalariados y trabajadores. La cruzada emprendida por el titular de Fomento desató una contundente reacción de los controladores, que acusaron al ministro de airear medias verdades para echarles encima a una opinión pública muy sensibilizada con la crisis.

Blanco, pocos meses después, impulsaba por decreto un cambio en las condiciones laborales de los controladores. El Consejo de Ministros del pasado 5 de febrero daba luz verde a una nueva regulación que buscaba reducir el elevado gasto que suponía para el erario la ordenación del tráfico aéreo. Colocaba el tope máximo de horas anuales en 1.670 y fijaba en 80 el límite máximo de las horas extraordinarias. El cambio normativo desató una contundente reacción de los controladores, que impugnaron la regulación al entender que se había menoscabado la negociación colectiva, derecho también protegido por ley.

El conflicto entre los controladores y Fomento vivió un nuevo episodio el verano pasado, cuando en el Centro de Control de Barcelona se produjeron hasta 28 bajas por estrés y ansiedad, lo que afectó al tráfico y lo que hizo sospechar al Gobierno que se estaba impulsando una huelga encubierta.

Los cierres temporales del espacio aéreo como consecuencia de la negativa de los controladores de Lavacolla a trabajar más horas de las estipuladas por la ley constituye un nuevo capítulo del desencuentro entre el Gobierno central y estos empleados. Una lucha que parece entrar en un nuevo callejón en el que, por ahora, apenas se ve la luz.