Ocho años después del «Prestige», el Gobierno ultima por fin el nuevo protocolo para catástrofes

Ocho años después del accidente del Prestige , cualquier otro desastre similar frente a la costa gallega se guiaría por el mismo protocolo que se activó en la tarde del 13 de noviembre del 2002. En todos estos años, la Administración no ha revisado el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina, aprobado en febrero del 2001 por la fórmula de una simple orden comunicada. Es decir, el modelo a seguir en caso de accidente ni siquiera se ha aprobado como real decreto, lo que abocaba a las autoridades marítimas a no pocas lagunas legales y descoordinaciones.

Pero esta situación ha llegado a su fin. Según ha podido saber La Voz, el Gobierno ya tiene en su poder el texto del nuevo Sistema Nacional de Respuesta, el protocolo que guiará la lucha contra un vertido tanto en mar como en tierra. Este último aspecto de la reacción en la costa es crucial, pues el actual plan de contingencias apenas hace mención a las labores en tierra, lo que ocasionó múltiples problemas de coordinación con las comunidades autónomas. El texto será presentado en los próximos meses a las autonomías, con las que se deben consensuar aspectos cruciales del documento, y se espera que entre en vigor el próximo verano, tras tramitarse como real decreto.

En paralelo, el Gobierno prepara ya el real decreto que incorporará el tercer paquete de medidas para mejorar la seguridad marítima planteado desde la UE, que podría quedar aprobado a final de mes. La primera pero decisiva incorporación de estas directivas, relativa a designar a la autoridad máxima en caso de accidente, pasó desapercibida, pues se incorporó como una disposición final en la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, que entró en vigor el pasado 7 de agosto. En ella se determina que el director general de la Marina Mercante es la autoridad competente para la toma de decisiones sobre buques en situación de emergencia, algo que no quedaba claro en el anterior modelo, que solo se refería a la «autoridad marítima».

Imponer decisiones

En el texto se establece que el director de este departamento del Ministerio de Fomento «adoptará la decisión que estime oportuna sobre la acogida de buques (...) en lugares de refugio, pudiendo imponerla, si considera que tal acogida es la mejor decisión». Las otras opciones son denegar la entrada o condicionarla. En cualquier caso, el director de la Marina Mercante se erige como autoridad máxima y única en caso de emergencia y puede imponer su criterio a las comunidades autónomas, ayuntamientos o puertos implicados. De ahí que se haya colocado la disposición en un texto con rango de ley, pues era necesario reforzar esta autoridad. Del texto se desprende que el criterio técnico del director de la Marina Mercante estaría incluso por encima de la jerarquía de Fomento, y del propio ministro. No obstante, fuentes consultadas creen que el ministro siempre puede recurrir al cese para imponer su criterio. Esta disposición, no obstante, no blinda jurídicamente al responsable de la decisión.

Nuevo Protocolo

Respecto a la puesta en marcha del Sistema Nacional de Respuesta, el último encuentro para mejorar el texto -elaborado por Marina Mercante y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, de Medio Ambiente- reunió hace una semana a técnicos de los cinco ministerios implicados en la gestión de una crisis como la del Prestige . Ahora comienza el período de tramitación, con un plazo para que las comunidades aleguen, pues deben adaptar sus planes al general. Por lógica, el protocolo anticontaminación vigente para la lucha en el mar deberá adaptarse al nuevo modelo.

La autoridad máxima en los trabajos de tierra dependerá del nivel de emergencia que se active. Si hay posibilidades de que afecte a más de una autonomía, las decisiones se tomarían desde el Ministerio de Medio Ambiente.

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